La Administración Provincial de Energía no da respuestas sobre la polémica suscitada en torno a su disposición respecto del uso de las columnas para las cooperativas que quieran brindar televisión por cable. No lo hace por una cuestión muy simple: aún no tiene autoridades.
La situación se conoció ayer por la mañana cuando LA ARENA llamó a las oficinas de la calle Falucho para intentar hablar con el administrador de Energía o algún otro directivo de alto rango. "Yo le puedo pasar a la oficina del Administrador, pero el problema es que allí nadie lo va a atender", respondió la persona que atendió la requisitoria de esta redacción. "Acá no hay nadie, ni el Administrador ni ninguno de los gerentes. Hasta ahora, no han designado a nadie", precisó el empleado.
"Nosotros seguimos trabajando como siempre, porque acá cada uno sabe cuál es su trabajo, la tarea que tiene que hacer para que todo funcione", destacó. "Cada cual hace lo que tiene que hacer, somos empleados con muchos años de servicio".
Más allá del compromiso de ese empleado y de sus compañeros de trabajo con un organismo técnico de esta jerarquía, la falta de autoridades políticas y responsables técnicos es un hecho que no se puede prolongar en el tiempo. Llama la atención la falta de previsión de los principales niveles gubernamentales en no haber contemplado la designación de los funcionarios para este lugar ni bien se produjera el cambio de gestión.
Columnas.
El motivo de la consulta es la resolución dictada por las anteriores autoridades de la APE que obliga a las cooperativas eléctricas a pagar un canon por el uso de sus propias columnas de electricidad cuando se destinan al servicio de televisión por cable. La novedad se conoció esta semana merced a un artículo del economista Juan José Reyes y fue luego confirmada por Abel Argüello, el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, entidad que agrupa a aquellas cooperativas de servicios públicos, algunas de ellas con todo su andamiaje jurídico y logístico en marcha para brindar este servicio.
Argüello no sólo confirmó el anticipo sino que habló de la manifiesta desigualdad que implica la resolución de APE, la sorpresa que causó en las cooperativas, y la posibilidad de iniciar alguna acción legal para defender sus intereses.
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