A partir de esta modificación, respaldada por unanimidad, se definen con mayor precisión, en el artículo 2, ciertos requisitos a cumplimentar para que el emprendimiento productivo pueda ser caracterizado de sustento familiar. Entre otras cuestiones, se establecen montos máximos de deuda financiera.

Además, se establece un mecanismo que da mayores garantías al pequeño y mediano productor beneficiado por esta norma, dado que la actual redacción fue utilizada como argumento para que los jueces intervinientes en algunas causas judiciales, se escudaran en la falta de impulso por parte del deudor. Generalmente, los jueces esperaban que el deudor se amparara en una ley que, en ocasiones, no conocía o tenía pocas posibilidades de conocer.

Con la nueva redacción de los artículos 2º y 3º de la ley P nº 4348, se establece que la norma es de aplicación obligatoria en todos los juzgados y fueros de la Provincia y que los funcionarios públicos que ordenaran subastas o remates en violación a lo normado, serán pasibles de sanciones administrativas y/o penales.

La autora de la iniciativa, Magdalena Odarda (ARI), aclaró en el recinto que esta herramienta legal es de carácter transitorio, hasta tanto se concreten medidas de fondo que otorguen solución equitativa e integral a la problemática planteada. Por ello, la vigencia de la ley se sujeta a la permanencia de la declaración de emergencia social.

Odarda se refirió en su exposición a la dramática situación de muchos productores que, aun vendiendo su unidad productiva (su chacra), ni siquiera pueden pagar el monto al que ascendió su deuda.

Puntualizó el caso de los productores deudores del Banco Nación. Alentó que haya una definición en la negociación que están llevando a cabo el Gobierno nacional, el Banco de la Nación Argentina y la provincia de Río Negro con respecto al tratamiento de una cartera de deudores de esa entidad financiera, “que lamentablemente se sigue prolongando, y en ese tire y afloje de la negociación se están sucediendo convocatorias de remates”.

Lamentó que “a pesar de que esta negociación está en marcha, y además de la existencia de compromisos de no rematar, las causas judiciales siguen su curso normal”. Indicó que “fundamentalmente el gran problema lo tenemos con los juzgados federales en Río Negro”.

Finalmente, Odarda sostuvo que con la modificación propuesta, a los jueces de los distintos fueros donde tramitan causas que pueden derivar en la subasta de una unidad productiva, sobre todo de pequeños y medianos productores que utilicen el campo como forma de sustento familiar, no les va a caber ningún tipo de dudas en cuanto a la aplicación inmediata y a la protección de los productores.

Por el oficialismo, Graciela Grill calificó la iniciativa como “una herramienta más en el camino de la solución definitiva, un paso importante en esta lucha constante que tenemos por defender a nuestros productores y sus fuentes de trabajo”. Advirtió que “en la realidad cotidiana vamos advirtiendo diferentes aristas que surgen en la aplicación de la ley, a partir de las cuales se intenta seguir adelante con los remates”.

Finalmente, el presidente del bloque Justicialista, Ademar Rodríguez, acompañó el proyecto “lamentando” tener que haber llegado a votarlo, considerando que no era necesario reforzar la ley con un pronunciamiento más claro, con más fuerza, para poder impedir el incumplimiento de una norma. Les pidió a los “hombres de mármol”, refiriéndose a los jueces, sentido común, que “abran un poco su mente” y que tengan “un poco de sensibilidad”.

Los legisladores que intervinieron en el debate destacaron el esfuerzo del Parlamento rionegrino, tanto del vicegobernador Mendioroz, como de los demás parlamentarios, que intervinieron para evitar los remates de las unidades productivas de los productores de las distintas partes de la Provincia.