“El juez Baltasar Garzón es un indiscutible referente internacional en derechos humanos, portavoz de la justicia universal y valorado actor en la búsqueda argentina, latinoamericana y europea de la verdad y la justicia”, afirmó este viernes el defensor del Pueblo bonaerense y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Carlos Bonicatto, al respaldar al magistrado frente a los procesos que se le siguen en su país por investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil española y el franquismo.
Bonicatto sostuvo que pretender frenar la actuación de Garzón “no sólo viola las obligaciones internacionales suscriptas por el propio Estado español, sino que tampoco garantiza el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de aquellos crímenes atroces de derecho internacional”. Y en esa línea, destacó la “supremacía de los principios y reglas de derecho internacional sobre las normas nacionales españolas que resulten incompatibles con los mismos, específicamente la amnistía de 1977”. El Ombudsman bonaerense y máximo representante de los defensores del pueblo de nuestro país, consideró de gran importancia sumarse al reclamo de “desestimación” de las acusaciones que llevan adelante el pueblo español, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos y juristas internacionales, fiscales y académicos, entre otros. De esta manera, Bonicatto reiteró su “apoyo y solidaridad” con el magistrado español, “cuyas investigaciones y trabajo, que ha alcanzado incluso al juzgamiento de integrantes de la banda ETA, por lo que ha sido amenazado de muerte frecuentemente, son un ejemplo para quienes estamos comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos, la calidad democrática y el estado de derecho”. Como se sabe, la semana pasada comenzó el juicio oral “memoria histórica” en el que las organizaciones Falange Española de las JONS y Manos Limpias denuncian a Garzón por presunta prevaricación, al haberse declarado competente para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española y el franquismo.


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