La declaración “en apoyo a la institucionalidad democrática” fue iniciativa del diputado Rodolfo Canini (Frente Grande- MUN), quien a su vez tomó como punto de partida el respaldo al pronunciamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. En el debate se aprobó un texto alternativo con similar argumentación, después de disímiles argumentaciones de cada sector político. Veamos:

José Russo (MPN) hizo eje en la estructura legal que tiene el Estado a través del Código Penal que impone sanciones a militares que tumultuosamente peticionan y afirmó que las Fuerzas Armadas deben responder a las autoridades democráticas y es más importante que cualquier reclamo.

Otros diputados que apoyaron la iniciativa lo hicieron con “reparos”. José Rioseco (UNE – FyPN) sostuvo que la democracia “está por encima de todo”. Alejandro Vidal (UCR) hizo hincapié en la necesidad de contar con “fuerzas de seguridad que cobren salarios justos y en blanco”. Daniel Baum (UP) desestimó la idea de golpe de Estado pero calificó como inadmisible “que miembros de una fuerza de seguridad crean tener derecho a protestar como lo están haciendo”.

Sobre el tema, Beatriz Kreitman (CC ARI) advirtió que no es bueno el estado deliberativo permanente en las fuerzas de seguridad pero dijo que es injusto centrarse en ese aspecto porque el conflicto “empieza por un error del gobierno”. En tanto, el diputado Jesús Escobar (LdS) rechazó la existencia de un golpe de Estado en el conflicto y lo definió como una “reivindicación salarial”. No obstante, consideró vital el respeto a la cadena de mando.

El diputado Alejandro López (FIT) votó en contra por considerar que el conflicto “es una puesta en escena del gobierno”.