La megaestafa en la que se pretendía vender viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda o que se prometía adjudicaciones por la zurda, ofreciendo como garantías a supuestos contactos internos en el organismo, sigue generando incertidumbre en función de la magnitud de los afectados ya que se habla de más de 200 personas damnificadas. Como adelantó Diario El Zonda, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), salieron a respaldar a sus funcionarios y a dejar sentada la posición de que se someterán a los requerimientos de la Justicia. Fue el mismo interventor del IPV, Vicente Marrelli, el que salió a dar la cara y a explicar que lo sucedido es parte de una estafa y que el organismo no tiene nada que ver.

Marrelli habló en conferencia de prensa, después de haber recibido a damnificados que se presentaron en las escalinatas del Centro Cívico, solicitando ayuda del Estado provincial para solucionar el problema que los aqueja. Problema que desde un principio tenía oscuros carriles y que, según dijo Marrelli, no tiene más solución que la que pueda brindar la Justicia con una investigación y encarcelando a los culpables.

"Los presuntos estafadores dicen que la conexión en el IPV era la señora Mirta Cocinero. A ella la invocan pero no hay pruebas de que exista dicha vinculación por eso hay que esperar a que se expida la Justicia". Vicente Marrelli

"Nosotros a lo sumo podremos iniciar una sumario con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas, sobre todo porque hay funcionarios que están nombrados por esta gente que se presume son estafadores. Pero estamos atentos a lo que determine la Justicia ya que es quien determinará las culpas", comentó Marrelli.

El funcionario agregó que desde el organismo solamente pueden someterse a un sumario administrativo para determinar si hay o no documentación que pueda aportar datos a la causa pero que no pueden disponer de castigo alguno porque no hay elementos.

"En infinidad de veces hemos dicho que tengan cuidado con los embaucadores, porque el IPV no tiene gestores. Yo estoy seguro de que la tarea nuestra fue transparente y la mejor de todas". José Luis Gioja

"Cocinero (refiriéndose a la directora de Adjudicaciones, nombrada por los presuntos estafadores) está en el cargo porque nosotros no tenemos motivos para separarla de su puesto de trabajo. Si la Justicia determina responsabilidad alguna, se la separará sin ninguna duda pero hoy sólo tenemos que un presunto estafador la nombra como uno de sus contactos", agregó.

Por último el interventor defendió el trabajo del organismo al que representa y hasta cuestionó la documentación que portaban los damnificados

"Nosotros controlamos estrictamente a la gente que fue favorecida en el sorteo, después de un dictamen jurídico donde se establece que están en condiciones de ser adjudicatarios. Esto es una estafa y no tiene nada que ver con el operativo del IPV para la entrega de viviendas. Acá hay una persona que embaucó a gente y la convenció de que le prestaran dinero, porque en los papeles que trajeron los perjudicados y que están en la Justicia, no manifiesta vivienda alguna. Solamente dice que Albornoz, Barragán y Roldán tenían un cupo de viviendas que funcionarios de la provincia les habían dado y que la conexión era la señora Mirta Cocinero. A ella la invocan pero no hay pruebas de que exista dicha vinculación por eso hay que esperar lo que diga la Justicia", concluyó.

Reclamo y tensión

Un grupo de damnificados llegó hasta las puertas del Centro Cívico reclamando que el Gobierno les dé una solución por la estafa a la que fueron sometidos. La respuesta oficial es que seguirán inscriptos en el IPV pero que por haber sido víctimas de la estafa no tendrán un trato especial.