Igualmente, resolvió mantener –en forma parcial- la medida cautelar dispuesta por el presidente del Tribuna, Víctor Sodero Nievas, en cuanto pueda significar remoción o extracción de material existente en la zona.

Además, se ordenó a la provincia de Río Negro, en especial a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y al Consejo Provincial de Medio Ambiente (CODEMA) y a la Municipalidad de San Antonio Oeste, el seguimiento y el contralor de las actividades que se realicen en el marco del mencionado contrato.

Ello en función de “preservar el interés público y garantizar de modo pleno y efectivo la salud de los habitantes de San Antonio Oeste en cuanto objetiva y probadamente dicho material acreciente o agrave sus riesgos en el curso del cronograma de ejecución del “servicio de consultoría".

Para resolver el vocal Luis Lutz, con la adhesión de su par Alberto Balladini, tuvo en consideración que “nos encontramos ante una acción que pretende la protección de los recursos naturales de la provincia ante la posible existencia del elemento indio en los lugares de operaciones de la ex Mina Ronzalito, por un lado, y la problemática vinculada a una delicadísima cuestión ambiental que no puede dejar ser atendida en tanto representa la protección de la salud de los habitantes de San Antonio Oeste expuestos a la contaminación mineral, por otro”.

Invocaron las normas de protección ambiental, el derecho a la salud y la necesaria protección de los recursos de la provincia.

Por su parte, Sodero Nievas, quien el 11 de este mes realizó una visita a San Antonio Oeste y recorrió la zona en cuestión dijo en su voto, consideró de relevante importancia la cuestión referida a la posible existencia de materiales valiosos en la escoria, el indio entre ellos, ya que “la presencia de cadmio dentro del área en cuestión, que está debidamente probada, puede dar lugar a interpretar que existen otros materiales que deberán ser debidamente inventariados por la consultora a cargo de la primera etapa, cuya labor considero que debe ser auditada por el CODEMA y la comisión de seguimiento del proceso que se creó en la Legislatura con la participación además de la multisectorial de vecinos que existe en San Antonio Oeste.”

También tuvo presente que en virtud de la ley M Nº 3266 y el decreto 537/2000, el CODEMA ha sido designado como autoridad de aplicación de la sección 2 del Código de Minería, a quien se le ha transferido la Unidad de Control de Gestión Ambiental Provincial para la actividad minera.

Por todo ello, consideró necesario dar intervención al CODEMA, a partir de la tarea del contrato de consultoría de la URS CORPORATION S.A. y a la Comisión de Control y Evaluación para el Desarrollo Sustentable Provincial, Ley M 4161, hasta llegar al punto relativo a la discusión de alternativas y selección de alternativas de remediación integral. (ADN)