El oficialismo logró dar media sanción del Senado a la ratificación legislativa del estatuto de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (Emesa), aunque lo hizo sólo acompañado por los aliados de Nuevo Encuentro y el Eje Peronista y por Unidad Popular, Peronismo Federal y Pro. La UCR, que acompañó la creación de la empresa, en esta oportunidad rechazó el estatuto, junto con el PD.

Quedó flotando la sensación de que algo cambió en el escenario político: el lunes anunciaron que no apoyarían una reforma constitucional; ayer el no cerrado al estatuto, cuando antes habían apoyado la creación de Emesa.

En la sesión de la Cámara alta, el radicalismo argumentó que había cambiado su voto porque el escenario energético nacional había cambiado desde aquel 22 de mayo en el que se aprobó la creación de la empresa de energía.

¿Qué había cambiado? Dos cosas, más allá de la estatización de YPF, ocurrida a principios de mayo: por un lado, el decreto 1.277 de Cristina Fernández, por el que se otorga el control de exportaciones, costos, ganancias y disponibilidad de crudo y divisas a Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Daniel Cameron. Por el otro, el acuerdo federal petrolero que firmaron los gobernadores de provincias productoras petroleras con el Gobierno nacional, por el que se da prioridad a YPF para concesionar áreas petroleras.

Estos dos hechos, en la visión del radicalismo, implicarían que Mendoza perdió la autonomía petrolera, a pesar de que la Constitución nacional otorga la propiedad del petróleo a las provincias. Esto, para la UCR, significa que la empresa de energía mendocina queda vaciada de contenido.

Desde el PJ, se sostuvo que hoy más que nunca es necesaria, teniendo en cuenta que el 10% de las áreas petroleras secundarias que se están licitando son propiedad de la empresa y que, además, Emesa se dedica además a energías no convencionales, en las que hoy hay que empezar a trabajar para tener desarrollo a futuro. Pero, además, se recordó desde el oficialismo que lo que se estaba tratando no es la empresa, que ya fue creada, sino el estatuto societario.

Pero la sensación es que el debate no pasaba por la conveniencia o no de la empresa provincial de energía. En secreto, desde el PJ se entendía que la manifestación del jueves pasado había envalentonado al radicalismo para endurecer más aún las posiciones políticas.

"Después de la movilización han tomado la decisión partidaria de marcar diferencias y hacer foco en la Presidenta. Hay varios que querían aprobar el estatuto, pero en la reunión de ayer (por el lunes) les bajaron esa línea", decía un legislador del oficialismo.

Tal vez sea así. Es un hecho concreto que el radicalismo, por ejemplo, es un defensor a ultranza de la reforma constitucional, pero eso parece haber cambiado.

Hubo otro hecho además que alteró la calma política, antes de la movilización del jueves pasado. Fue en la sesión del martes pasado, cuando un grupo de militantes K (encabezados por el concejal del FPV de Godoy Cruz, Mariano Maure) llegó hasta la Legislatura y, en medio de la discusión de un tema en el que había consenso (la regulación de centros de estudiantes secundarios) se armó una batahola en la que casi terminan a las piñas el senador radical Armando Camerucci, con uno de los manifestantes.