La resistencia de los trabajadores de la planta láctea de Anguil permitió que finalmente la semana tuviera un final feliz para quienes protagonizaron esa lucha: la fábrica volvió a funcionar y a ser el escenario de sus mejores tiempos, un lugar de producción y trabajo.

En la previa, una puja empresarial y un par de decisiones judiciales pusieron en situación de conflicto a los empleados de la exConsommé.

Fue a raíz de esa pelea que salieron a la luz algunos hechos no del todo conocidos por la opinión pública provincial respecto de esa planta, que alguna vez se inauguró pomposamente -incluso con sonora presencia oficial- pero que luego ingresó en el terreno de la decadencia que les tocó a tantas actividades productivas en la década de los años ‘90.

El sábado siguiente al feriado por el 25 de Mayo, un clima de alegría se contagió entre los 8 trabajadores de la planta, que habían vivido jornadas previas de tensión y zozobra: ese día ingresó un camión con 18 mil litros de leche y les trajo la tranquilidad de que no debían hacer otra cosa que lo que saben y quieren.

Los obstáculos aparecieron porque el ex propietario Luis D’Espósito planteó que quienes intentan reactivar la planta -y que se la adquirieron en un monto cercano a los 7 millones de pesos- tenían una deuda.

Los nuevos dueños, Sergio Prieri y José Clérici, apostaron a un proyecto de reactivación con autogestión y cuentan en principio con el respaldo de los operarios, que saben que se sorprendieron cuando al ingresar a la fábrica conocieron que existía una hipoteca que no pensaban, y que las máquinas estaban prendadas.

“Colonia Lechera Modelo” fue el nombre que eligieron para el emprendimiento, que encontró palos en la rueda cuando el anterior propietario logró que un juzgado de la ciudad de Buenos Aires accediera a una medida cautelar solicitada por D’Espósito que significaba el cierre de la planta.

Esa decisión fue revisada tras la resistencia de los trabajadores.

En el medio, hubo una curiosa conducta -¿ausencia, indiferencia, otra cosa?- del Estado provincial: pese a que los propios empresarios hicieron gestiones para que un proyecto nacional, con presupuesto incluído, beneficiara al sector, no fueron alcanzados por los beneficios.

Resulta paradójico que los funcionarios provinciales que en los ‘90 tanto ayudaron a un empresario que incluso fue señalado como un ejemplo por el ex gobernador Rubén Marín (la empresa cerró sus puertas y dejó en la calle a los 26 trabajadores que tenía) esta vez no hayan tenido alguna idea o gestión positiva para respaldar las buenas intenciones de producción y trabajo.

...y una de arena

El jury conformado para resolver si la conducta del juez Carlos Flores en el Caso Carla Figueroa merece o no la destitución de su cargo retomará hoy su actividad luego de que la semana pasada recibiera formalmente la acusación por parte del fiscal Mario Bongianino y la petición del magistrado de que no lo aparten mientras se resuelve la cuestión definitiva.

Pase lo que pase, la situación lamentablemente ha permitido que se generen algunas interpretaciones más bien tribuneras de un tema que merece un análisis técnico -aunque no sólo técnico- y despojado de otros intereses que no parecen conducir por buen camino a la resolución.

La verdad es que la situación de Flores tiene diversas interpretaciones, ya que existen argumentos que puede utilizar en su defensa, partiendo del hecho de que el avenimiento que benefició con la libertad a Marcelo Tomaselli -primero violador y luego asesino de Carla- estaba previsto legalmente e incluso había sido utilizado en otros casos que no terminaron en tragedia.

Es verdad que el juez Flores mostró por el caso una preocupación que el otro magistrado acusado en principio -Gustavo Jensen- no exhibió, al menos para contactarse personalmente con víctima y victimario: paradójicamente, Jensen quedó a salvo gracias a que pidió el retiro y el gobernador Oscar Mario Jorge se lo concedió.

Por otro lado, también es claro que ese avenimiento es rechazado por los pactos internacionales que tienen rango constitucional, en lo que significó para el país un avance en materia de políticas de género, por más que los legisladores hayan incurrido en un injustificado retardo en incorporar esa normativa como una ley.

Del mismo modo, y a contramano de lo que hizo Flores, otros funcionarios judiciales -especialmente Pablo Balaguer, también integrante del Tribunal de Impugnación Penal- no sólo se opusieron al avenimiento sino que advirtieron de las penosas consecuencias que podría tener la libertad de Tomaselli y su convivencia con Carla.

De nada sirve, frente al hecho puntual y en este contexto, suponer que Flores debe ser salvado o condenado por algunas otras conductas ejercidas a lo largo de su trayectoria: lo que debe determinarse es su accionar en este caso puntual.

Es tan poco saludable la postura de quienes pretenden ver zafar a Flores porque reivindican algunas de sus investigaciones frente a denuncias por hechos de corrupción; como quienes pretenden condenarlo sin miramientos porque les pudo incomodar políticamente.

No se trata, en todo caso, de ser pro-Flores o anti-Flores, sino de tener siempre presente que los jueces -como explicó no hace mucho ese ejemplo que es Baltasar Garzón- tienen “la obligación de proteger a las víctimas”, y preguntarse si eso es lo que hizo el magistrado acusado.