Mientras el plazo del 31 de enero de 2013, dado por la jueza Sandra Saidman para que Resistencia regularice su situación en torno a la disposición final de residuos acorde a las normas ambientales vigentes, continúa en su cuenta regresiva, el proyecto presentado por el diputado Vallejos a principios de octubre, aún no cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El mencionado proyecto establece que se declare de “utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación” un inmueble de 580 ha próximo a Colonia Baranda, propiedad de Jorge Anator Díaz. En el artículo segundo de la norma, se expresa que “el objetivo de la expropiación es asignar el inmueble al destino final de los residuos sólidos urbanos”, facultándose al Poder Ejecutivo a tramitar la expropiación.

Si bien este proyecto está impulsado desde el Municipio de Resistencia, en el artículo cuarto se determina que “el gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, será imputado a la partida específica del Presupuesto General de la Provincia”, fundamentalmente porque se pretende que sirva para toda el Area Metropolitana.

El estancamiento de la expropiación, es uno de los principales argumentos que esgrime el Ejecutivo Municipal, a la hora de justificar el hecho de no haber encontrado hasta el momento una solución para la gravísima situación ambiental, generada por las 300 toneladas de basura que produce Resistencia.