Los empleadores y aseguradoras de riesgos del trabajo, venimos padeciendo desde el año 2004 el crecimiento exponencial en la cantidad de demandas que enfrentamos. Seguramente las ART y las grandes empresas, fuimos el objeto principal de las demandas en los primeros tiempos. Pero habiendo transcurrido ya casi 6 años con esta problemática, tal como fuera pronosticado en innumerables ocasiones, el efecto llegó finalmente a las pequeñas y medianas empresas. Las cifras son más que elocuentes. Considerando sólo la cantidad de demandas que enfrentan las ART, se pasó de 2.947 demandas judiciales para el año 2003, a 41.538 para el 2009. Es decir, un crecimiento de más del 1.300% en la cantidad de reclamos judiciales.

Dicho escenario adverso no obsta a un adecuado funcionamiento del actual sistema de riesgos del trabajo. Y es allí en donde surge lo paradójico.

Vivimos un momento histórico. Por un lado tenemos la mayor cifra de trabajadores incluidos en el seguro -casi 8.000.000 de trabajadores-, un marcado descenso de los accidentes y sobre todo de aquellos que causan la mayor consecuencia, como es el caso de los fallecimiento - con una baja de más del 50% en los últimos dos años. No han habido en la historia argentina, más acciones preventivas -públicas y privadas- que las que se vienen desplegando en los últimos años. Indicadores que en gran medida, son el reflejo de un mejor funcionamiento, no sólo considerando nuestra propia historia, sino comparando nuestro país con otros en los que funcionan sistemas de similares características desde hace varias décadas.

Lo paradójico es que, al mismo tiempo, se da un incremento exponencial de las causas judiciales, estimadas en cerca de 65.000 para este año, basadas en diferentes cuestiones vinculadas a qué aspectos o situaciones son objeto de la cobertura del sistema y por qué cuantía económica.

Por tal motivo, no hay dudas que hasta que no se resuelven tales dos aspectos, no habrá solución y la desarmonía continuará.

La solución implica entonces precisar las contingencias cubiertas, que se admitan judicialmente como suficientes las fórmulas reparatorias recientemente decretadas, establecer un procedimiento administrativo previo obligatorio con calidad de cosa juzgada y articular eficientemente la reparación especial con la fundada en el derecho común.

El esfuerzo continúa, tanto por parte de los empresarios que otorgan sustentabilidad a la cobertura como de las Aseguradoras, las que bajo condiciones de operación extremas y exigencias estatales de control de solvencia y calidad prestacional, han estado a la altura de las circunstancias.

El tiempo, una vez más nos reta a trabajar con prudencia y responsabilidad. Es pequeño el esfuerzo en torno a lo que se debe armonizar, comparado con lo mucho que se resguardará gracias a ello.

El eje deberá seguir siendo la protección del trabajador; su seguridad frente a los riesgos y un adecuado esquema que subsane los daños no evitados.