La resolución fue firmada por el ministro Randazzo por "falsedad en la información"; estaba suspendido desde hacía casi tres meses, tras una investigación exclusiva de LA NACION
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, hizo pública la medida a última hora de ayer mediante un comunicado difundido por la agencia Télam en el que explica que la decisión fue tomada por "falsedad en la información".
Según consignó la agencia Télam, el requerimiento realizado por el Gobierno a las empresas que integran la Unión Transitoria de Empresas (UTE) fue "insatisfactorio".
La firma en cuestión está formada por un polémico consorcio integrado por la compañía inglesa Global Infrastructure (GI) y por Iatasa, IRV y González Fischer y Asociados.
Una investigación de este medio había revelado diversas irregularidades en la licitación que derivó en la adjudicación del contrato de $ 65 millones.
LA NACION reveló el 21 de mayo pasado que el control del boleto electrónico le cuesta al Estado casi 10 millones de pesos más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación ganado por un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, según consta en el expediente..
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