Con el cese de los contratos de unos 4500 trabajadores estatales, que recibieron ayer las notificaciones, comenzó en esta provincia el ajuste impulsado por el gobernador Carlos Soria (Frente para la Victoria). Fue la primera consecuencia de la sanción de la emergencia institucional, aprobada anteayer por la Legislatura, que incluye el pase a disponibilidad de los empleados estatales.
"Recién el martes vamos a tener la dimensión real de todos los trabajadores que quedaron afuera", reconoció a LA NACION el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien confirmó que ayer comenzaron a notificar a los contratados que caducaban sus acuerdos firmados con el anterior gobierno, encabezado por el radical Miguel Saiz.
Se estima que son 4500 los empleados contratados de la provincia, pero en la Mesa de la Función Pública el gobierno de Soria acordó con el gremio mayoritario UPCN la recontratación, bajo nuevas exigencias, de unos 1800 trabajadores necesarios para garantizar los servicios esenciales.
El titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi -ex diputado nacional por la concertación radical-, destacó que el gobierno les "tiró un salvavidas" con la nueva contratación de un tercio de los rescindidos y se comprometió a colaborar con un "censo" de agentes.
En el gobierno provincial explicaron que se van a retomar a los contratados que sean requeridos por cada ministro y cuando las funciones que cumplan no puedan ser cubiertas con empleados de planta permanente.
La estrategia oficial
A 20 días de asumir, el gobernador Soria comenzó con un plan para "sacar a los «ñoquis» y vagos" del Estado. Ayer, en declaraciones radiales, el propio gobernador estimó que "un tercio de los estatales no va a poder demostrar que trabaja".
La estrategia del gobierno prevé dos aristas para llevar adelante el ajuste: por un lado, reducir el personal contratado, y por otro, rever las funciones de unos 20.000 agentes de planta permanente que anteayer por ley quedaron sujetos a disponibilidad.
Según estimó Soria, la cuarta parte de esos 20.000 agentes públicos no cumplen con las condiciones de ingreso a planta permanente, accedieron mientras eran funcionarios o no trabajan como correspondería. A ellos apuntaría la reducción de personal, que evaluará una Comisión de Transparencia del Empleo Público con predominancia del oficialismo.
La oposición pronosticó que habrá una "persecución" del personal que cumplió funciones en los últimos 28 años de gobiernos radicales, considerando que si el objetivo es desplazar a los "ñoquis", se debería individualizar a esas personas, sin generar incertidumbre a miles de empleados.
La disponibilidad por ley de la mitad de los trabajadores "institucionalizó un ataque a las garantías constitucionales de estabilidad del empleo público y legalizó el miedo de los sectores laborales", dijo Aguiar, el titular de ATE.
La situación de ajuste en la provincia se replicaría en los municipios -mayoritariamente en manos del Frente para la Victoria-, que fueron convocados a adherir a la ley de disponibilidad y en dos ciudades, como Allen y Cinco Saltos, ya se desplazaron 105 empleados municipales.
Pablo Moyano atacó a Lescano
El secretario general adjunto del gremio de los camioneros, Pablo Moyano, rechazó ayer en forma "enérgica" las críticas de dirigentes gremiales contra el titular de la CGT, Hugo Moyano. "Responderle a alguien en estado senil o «gagá» es faltarse el respeto a uno mismo. Recibí educación y respeto a los mayores aunque sostengan cosas absurdas", dijo Moyano al rechazar los recientes cuestionamientos del secretario general del gremio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, contra su padre y jefe de la central sindical.
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