Distintos sectores del arco político y sindical rionegrino coincidieron ayer en el reproche a las expresiones del ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, quien afirmó el lunes que la fiscal de Cámara Laura Pérez era una "pobre mujer" a la que había quedado "grande" el juicio por el asesinato del exgobernador, Carlos Soria.

En el ámbito del Poder Judicial también hubo repudio, a partir de un comunicado emitido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, cuya conducción interpretó los dichos del ministro como "descalificaciones funcionales que vulneran la independencia de los Poderes del Estado, excediendo su derecho al disenso".

La entidad presidida por Adriana Zaratiegui agregó que Di Giacomo "en forma inaudita ataca personalmente a la fiscal lo que resulta preocupante, observando el lugar relevante que este funcionario ocupa en el Poder Ejecutivo Provincial, donde deben primar la prudencia y la mesura".

Por eso consideraron que "es necesario extremar ese respeto, fundamentalmente si se toma en cuenta que el tribunal de juicio aún no se ha pronunciado en la sentencia respectiva, por lo que debe aguardarse su decisión con silenciosa expectativa. Y debe procurarse, en todo caso, que la crítica se conduzca por los rieles de la lógica y la tolerancia".

El Comité Central de la UCR también emitió un documento, en el que afirmó que "este apriete a la independencia del Poder Judicial no es uno más –por el caso en cuestión–, pero ratifica al mismo tiempo que existe una preocupante avanzada para que los jueces y fiscales trabajen de acuerdo a los intereses políticos y familiares de los principales referentes del gobierno de Alberto Weretilneck y sus aliados".

"Lo preocupante no son sólo las descalificaciones del ministro/psiquiatra a la fiscal Pérez, sino que con sus manifestaciones condiciona fuertemente a los integrantes del tribunal que debe juzgar a Freydoz, en uno de los juicios más importantes de la historia institucional de Río Negro", agregaron desde la conducción radical.

El peronismo disidente sumó su voz crítica indicando que las declaraciones de Di Giacomo fueron "de alto impacto institucional", resaltando que "no es la primera vez que el funcionario pone al gobierno al límite del conflicto de poderes".

Por último, desde la Asociación de Trabajadores del Estado expresaron preocupación, porque "no puede el poder político, y bajo la investidura de funcionarios del tal magnitud, emitir opiniones personales sobre el accionar de tal o cual funcionario judicial sin que estas sean tomadas como presiones y más aún cuando se trata de un caso tan sensible para la comunidad rionegrina como es la muerte de un gobernador".