El Gobierno, tardíamente, también se ha manifestado en contra, aunque algunos funcionarios directamente involucrados en el choque contra los medios críticos lo han justificado, palabras más o menos. Pero la retórica gubernamental no se compadece con la absoluta inacción para determinar quiénes fueron los autores de la pegatina. Con una sola orden, Aníbal Fernández podría dar un ejemplo de eficacia y llegar hasta el hueso de una cuestión que afecta a la democracia. No se hace porque los resultados podrían ser una brasa caliente para el kirchnerismo. Los argentinos nos hemos acostumbrado a que hechos que en el mundo son extraordinarios aquí sean asumidos como algo cotidiano. Estos carteles, a los que algunos voceros del oficialismo le restan importancia escupiendo peligrosamente al cielo, son otro de los síntomas nítidos del grave síndrome que sufrimos los argentinos.

Los legisladores oficialistas y opositores, por distintas razones, han coincidido en condenar este tipo de ataques. No importa si algunos sólo votaron a favor por disciplina, no sin antes demostrar que su voto positivo era una gran hipocresía porque piensan exactamente lo contrario. La lectura de la versión taquigráfica de la sesión del Senado lo testimonia. Aún así, lo importante es que hubo una reacción institucional conjunta para rechazar esta metodología fascista o stalinista, como se quiera, de la descalificación anónima.Hay que hacer un esfuerzo enorme para asegurar que se trazó un límite a la desmesura, pero esa esperanza es tan débil que no alcanza a nacer.