En el texto, advierten a las empresas que sancionarán la inversión escasa o subinversión, considerando que la caída de producción “genera una merma en concepto de regalías a las provincias productoras y un fuerte impacto fiscal en la Nación por las divisas que se afectan a la importación de combustibles que las empresas podrían producir en el país, teniendo a YPF Repsol como principal responsable global”.

Las provincias petroleras sostienen que esta situación “afecta la competitividad de la economía y al proceso de inclusión social”, que son los “ejes del modelo político económico social que se desarrolla en Argentina desde el 25 de mayo de 2003”.

En otro de los artículos -el quinto-, enumeran una serie de anuncios de hallazgos de hidrocarburos no convencionales. “Dichos anuncios nunca llegaron a consolidar un plan concreto de desarrollo sustentable y creíble de producción y parecen apuntar más a una especulación bursátil”, sostienen los mandatarios en el documento.

El acuerdo contempla, entre otros puntos, la posibilidad de “incentivar la participación de terceras empresas en zonas de menor interés o donde la participación de éstas mejore la economía de la exploración o explotación del área”.

“Se priorizarán empresas públicas provinciales y nacionales”, aclaran.