El lugar, recientemente inaugurado, es igual al resto de los viejos pabellones, aunque con la diferencia de que está mucho más limpio. Las celdas miden tres metros por dos y cada uno de los imputados tiene la suya, aunque todos cuentan con la libertad para encontrarse en el pasillo.

Por lo poco trascendió, recién hoy los represores serían autorizados a recibir visitas, aunque en la víspera -en forma excepcional- algunos familiares que se acercaron hasta la prisión pudieron dejarles objetos personales. Ninguno de ellos presentó quejas, más allá de las molestias que les provocó ser fotografiados, por este diario, el lunes saliendo de la delegación local de la Policía Federal.

Mientras los ex policías intentaban ayer a la mañana acomodarse al lugar donde vivirán al menos varias semanas, y que tiene capacidad para un centenar de personas, el defensor oficial que los representa, Oscar Del Campo, comenzó a preparar la estrategia para intentar liberarlos.

Del Campo solicitará las excarcelaciones ante el Tribunal Oral Federal, que presidente el juez José Mario Tripputi, el mismo cuerpo que ordenó las detenciones. Si el TOF le denegara la petición, la defensa debería ir a la Cámara de Casación porteña, por lo que los tiempos procesales se alargarían considerablemente. De ser así, el 2 de agosto, el día que comienza el juicio oral y público, los imputados seguirían detrás de las rejas.

Del Campo es abogado de los ex policías Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo -el grupo que está en la U4- y del ex coronel Fabio Iriart, quien recibió el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud y permanece en su domicilio de Capital Federal. El décimo imputado es el ex coronel Nestor Greppi, quien está detenido en la Unidad 28, en el Palacio de Tribunales porteño, y que en los próximos días será trasladado a Santa Rosa. Su defensor particular es Hernán Vidal.

Durante la dictadura, Constantino fue jefe de la Unidad Regional I; Aguilera, jefe de Operaciones; Fiorucci, jefe de Inteligencia; Iriart, jefe militar de la Subzona 14; y Greppi, secretario de la Gobernación y jefe de Inteligencia.

Fundamentos.

El tribunal, en la resolución por la que dispuso las detenciones, alegó que lo hacía fundamentalmente para preservar la tranquilidad de las víctimas y de los testigos, por la gravedad de los delitos imputados (secuestros y torturas) y por la trascendencia social del tema.

Tripputi y sus colaboradores se reunieron la semana pasada con la cúpula de la Policía provincial, encabezada por el comisario Ricardo Baudaux, y los jefes de la Federal para ultimar detalles del operativo de seguridad que se montará para el juicio -a realizarse en el Colegio de Abogados-, y que se extenderá durante cuatro meses y medio.

Para ello -durante los días que haya audiencias- se cercará con vallas la zona del Colegio, ubicado en la esquina de Argentino Valle y Boyacá, y los vecinos serán "censados" para ser acreditados y poder circular libremente por el lugar. La policía comenzó desde hace algunos días el relevamiento de los frentistas de Argentino Valle, entre las avenidas Luro y Belgrano, que serán identificados y se les dará una credencial para poder movilizarse.

El juicio contra los diez represores pampeanos acusados de secuestros y torturas durante la última dictadura apuntará a saber qué pasó en esos años en los centros clandestinos de detención de Santa Rosa, General Pico y Jacinto Arauz. El primer día llegarán personalidades nacionales vinculadas a los derechos humanos: se mencionó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; a las dirigentes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; e incluso el juez federal porteño, Daniel Rafecas, quien instruyó la causa y procesó a los ex policías y militares.