Los testimonios de los nueve acusados ante la Justicia Federal, donde fueron indagados en 2004, pueden servir como anticipo de lo que dirán esta semana, cuando empiecen a declarar en el histórico juicio de la Subzona 14.
¿Así declararán en el juicio? La incógnita comenzará a develarse esta semana. Mañana el Tribunal que juzga a los represores pampeanos escuchará al último testigo y, acto seguido, comenzarán las indagatorias a los acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en La Pampa: el ex teniente coronel Néstor Omar Greppi y a los policías retirados Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Athos Reta, Roberto Constantino, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Reinhart, Omar Aguilera y Hugo Marenchino.
La semana pasada, LA ARENA adelantó que los imputados romperán el silencio y leerán sus declaraciones. Es posible, también, que se nieguen a responder las preguntas de los abogados querellantes, pero no podrán hacer lo mismo cuando los interrogue alguno de los cuatro jueces del TOF.
Este artículo presenta un resumen de las declaraciones que los represores brindaron cuando fueron indagados en el año 2004, cuando la Justicia reabrió las causas en su contra y ordenó detenerlos, apoyada en la decisión del Congreso de la Nación de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas en los ’80.
Administrativo. Greppi aseguró que llegó a La Pampa en las últimas horas del 23 de marzo de 1976 o en la madrugada del día posterior. Arribó en un vuelo que partió de Ezeiza. En el aeropuerto local, dijo, él y los demás militares que viajaron abordaron un vehículo que los trasladó al Destacamento de Exploración 101, de Toay. Una vez ahí, Greppi aseguró que los recibió el coronel Fabio Iriart quien les explicó que todos cumplirían tareas como funcionarios del Gobierno de La Pampa y no tareas de tipo operacional –sostuvo que en ese instante se enteró del golpe de Estado–.
“En lo que a mí respecta me dijo: ‘Usted Capitán Greppi se desempeñará como Secretario General de la Gobernación’ (...) cargo de naturaleza estrictamente administrativa dependiendo en mis funciones del gobernador, un general retirado. (...) jamás desempeñé funciones de carácter operacional, nunca fui orgánico de la Subzona 14 ni mucho menos de alguna unidad o dependencia militar o policial de la pampa, por otra parte la policía de la Provincia a partir del 24 de marzo del 76 estuvo bajo el mando del Mayor Baraldini, por lo que resulta inaceptable que un oficial de menor jerarquía y ajeno a la repartición como lo era yo, pudiera siquiera entrometerse en las actividades de esta institución...”, dijo.
Tiempo después el militar volvió a declarar e intentó justificar que en los casos que se le imputan no existieron privaciones ilegales de la libertad. Argumentó que las detenciones de Clemente Bedis, Justo Ivalor Roma y Eberto Cuevas aparecieron publicadas en el diario “La Arena” y las mismas obedecieron a delitos contra la administración pública. Sobre el caso de Nery Greta Sanders de Trucchi, explicó que cuando la señora fue detenida (en enero del ‘77), ya no estaba en La Pampa.
Constantino. Jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona 14. No efectuó descargo alguno en primer término. Luego amplió su indagatoria y aclaró que –respecto de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Hermes Accátoli y Roberto Gil– los hechos de los que estaba acusado habían ocurrido en la Comisaría de Catriló, donde nunca se desempeñó, en forma directa. Además, cuestionó la validez de su detención y se negó a contestar preguntas.
El comisario volvió a declarar tiempo después, ocasión en la que dijo que su función en la Subzona 14 era desempeñarse como enlace para la transmisión de órdenes para que sean cumplidas por la policía. ¿Un ejemplo? La realización de operativos de control de rutas, control de tránsito de vehículos en puestos camineros, identificación de personas en zonas urbanas, controles en terminales de ómnibus, ferrocarril y estaciones aéreas, siempre bajo la supervisión de la autoridad militar.
Dijo que los militares no permitieron que participara “en interrogatorio alguno” y que no dispuso ni ordenó arrestos, porque, en La Pampa, esas facultades las “ejercía” el Comando de la Subsana 14. Admitió que realizó tareas de inteligencia, pero cumpliendo órdenes de la denominada Comunidad Informativa.
Sobre el secuestro de Bedis, Roma, Avelino Cisneros, Héctor Zolecio, Rodolfo De Diego y Julián Flores, hechos que se le imputan, declaró: “Este grupo de personas fue detenido después del 24 de marzo de 1976 por orden del gobierno militar a cargo del General Etchegoyen; puestos a disposición de la Subzona 14 acusados de haber cometido ilícitos en perjuicio de la administración pública en que revistaban con distintas categorías en el gobierno del Dr. Regazzoli”. Añadió que los alojaron en la Seccional Primera y que, en un primer momento, fueron interrogados por personal militar que cumplía funciones en Casa de Gobierno, entre los que recordó a los capitanes Aramburu, Leal, Buitrago.
El ex policía negó su participación en los demás hechos que se le imputaban.
Fiorucci. Narró que en 1976, cuando se produjo el golpe de Estado, la autoridad militar dispuso su traslado –junto a otros policías– al grupo de trabajo de la Subzona 14. Explicó la estructura de mando estaba dirigida por el Jefe del Destacamento de Caballería Blindada 101, con asiento en Toay; un oficial de inteligencia (un Capitán o Mayor); la jefatura de Policía a cargo del Mayor Baraldini; el jefe policial del grupo de tareas, comisario mayor Constantino; y los jefes de operaciones e informaciones, Omar Aguilera y él.
Agregó que sus funciones eran directivas sobre tránsito, la conformación del Comando Radioeléctrico y los operativos viales en forma conjunta con el Ejército. Añadió que la Subzona 14 ordenaba y disponía los traslados y los interrogatorios de todos los detenidos que estaban a su disposición, mientras que la policía no tenía ninguna autoridad en esos procedimientos.
Apuntó que los militares detuvieron a un sinnúmero de personas que fueron puestos a disposición de la Subzona 14, algunos, y otros a disposición del PEN; los primeros eran alojados en la Seccional Primera; y los segundos, en la Colonia Penal (U4) del Servicio Penitenciario Federal.
Fiorucci negó haber participado de los secuestros y torturas que se le imputaban. Para la Justicia, sin embargo, resultó interesante el conocimiento que tuvo el acusado acerca de la suerte que corrieron diversas víctimas de la represión ilegal. Sobre De Diego y Cisneros dijo que se los acusaba de delitos comunes y que Greppi dirigió las investigaciones; sobre la docente Zulema Arizu, señaló que fue detenida en Paso de los Algarrobos y trasladada a Santa Rosa y que él no tuvo participación en los interrogatorios, aunque aseguró que la mujer “declaró una sola vez y negó lo que se le imputaba”.
En el caso de Ana María Martínez, Fiorucci desconoció toda participación en el hecho. Refirió que fue trasladada a Santa Rosa junto con Chumbita por personal de la Policía Federal Argentina y dejada en la puerta de la Comisaría en un estado lamentable. Quien estuvo al tanto del caso particular de esta mujer fue Baraldini en forma directa, expuso.
Sobre Sanders de Trucchi afirmó que fue detenida por irregularidades en el Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, en complicidad con el Sr. Larrañaga. Ambos, junto a Bedis y Roma, recordó, fueron puestos, posteriormente, a disposición de la justicia ordinaria.
Acusado por el secuestro y las torturas a Zolecio, Fiorucci explicó que no tuvo nada que ver con él y que fue Greppi quien lo interrogó. Respecto de los casos de Cuevas y Flores, también negó participación alguna. Con relación a la imputación por Olga Edith Juárez, dijo lo mismo y aclaró que cuando ella estaba detenida en la Primera pidió hablar con un superior y lo hizo con él porque era el único que había en ese momento.
A su vez, el ex policía negó haber participado en los hechos que damnificaron a Pozo Grados, Quartucci, Gustavo Konning, Nansen, Álvarez, Samprón, Carlino, Negri y Bertón; pues alegó que ellos fueron detenidos en un operativo dirigido por el entonces Capitán Lagos del Ejército Argentino. También negó su responsabilidad en los casos de “Miyi” Regazzoli, Lemme, De Dios Herrero, Montes de Oca, Barabaschi, Dolly Rigard de Villarreal y Adriana Cunzoni.
En una ampliación de indagatoria, Fiorucci dijo que era un “preso de guerra y político”.
Aguilera. Negó todas las acusaciones en su contra: “Nunca participe en detenciones, desconozco quienes son esas personas, las causales que habían existido para detenerlas, quien o quienes instruyeron actuaciones, no le encuentro una explicación para que se hayan prestado a hacer un testimonio perverso contra mi persona, porque ni si quiera les conozco el timbre de la voz...”.
Luego, al ampliar su indagatoria, se refirió al sumario administrativo que se instruyó durante el gobierno de Rubén Marín, en los ‘80. “No tengo la más mínima duda de que se trata de una falsificación ideológica de instrumento público y que el ejecutor de esa maniobra perversa y por demás canallesca lo es el Dr. Juan Carlos Tierno, en aquel momento asesor de gobierno de la Provincia; una vez programado su objetivo convocaron al comisario retirado Timoteo Trouilh y al subcomisario Osvaldo Beigel”. Sobre el último, dijo que había sido exonerado de la fuerza por hechos gravísimos.
El sumario, afirmó, se construyó mediante “coacción” y “amenazas” con las cuales “consiguieron hacer firmar un texto de declaración a varios integrantes de la institución policial, en su mayoría suboficiales y algunos semianalfabetos y a otras personas que se dicen ser víctimas de torturas, que buscan resarcimiento económico”.
Cenizo. Miembro del grupo de operaciones del comando de la Subzona 14. Negó su responsabilidad respecto a los hechos que tuvieron como víctimas a Roberto Gil, Hermes Accátoli y Olga Edith Juárez. Sobre los casos de Bedis, Roma, Navarro, Montes de Oca, De Diego, Cisneros, Zolecio, Cuevas, Sanders de Trucchi, Larrañaga y Flores manifestó que se los detuvo a disposición de la Justicia Provincial por distintos robos y defraudación al Estado.
En referencia a Pozo Grados, Quartucci, Konning, Nansen, Samprón, Álvarez, Bertón y Carlino explicó que fueron detenidos por las autoridades militares con la presencia en la localidad (de Jacinto Arauz) del Comandante de Subzona 14, coronel Fabio Carlos Iriart, y el Jefe de Policía, mayor Luis Enrique Baraldini. Cenizo dijo que su tarea fue brindar apoyo en lo referente a la seguridad y que los detenidos fueron trasladados a la U4 del SPF, en Santa Rosa.
Señaló que la liberación de los detenidos de la Subzona 14 se producía a través de alguna nota firmada por Iriart. Más adelante, al ampliar su indagatoria, Cenizo aportó un escrito donde, caso por caso, negó los hechos que se le imputaban. Allí señaló, además, que los testimonios de los policías que lo acusaban eran falsos.
Reinhart. Afirmó que no tuvo nada que ver con la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos contra los entonces diputados Gil y Accátoli y Olga Juárez. Sobre los dos primeros casos argumentó que, en la época en que fueron detenidos, él se encontraba realizando cursos en la Escuela de Policía. Sobre Juárez alegó que había estado detenida en la Brigada de Investigaciones y que su caso estuvo a cargo del oficial policial Roberto Escalada.
También imputado en los casos de Bedis, Roma, Sanders de Trucchi, Cisneros, Zolecio, Cuevas, Flores y Nery Martínez, manifestó que en 1976 estaba destinado en la Escuela de Policía como alumno y posteriormente como adscripto en la dirección del instituto. Además, agregó que todos los mencionados estuvieron detenidos por delitos comunes.
Sobre las víctimas del operativo en Jacinto Arauz, Pozo Grados, Konning, Nansen, Álvarez, Samprón, Bertón, Carlino y Quartucci, alegó no haber participado en el procedimiento porque en esa fecha, 14 de julio de 1976, era alumno de la Escuela de Policía.
Reinhart finalizó esa declaración negando su participación en todos los hechos ocurridos en La Pampa y asegurando que en esta provincia no existieron centros clandestinos de detención.
Al ampliar su declaración, el ex policía señaló que no integró el comando de la Subzona 14. “Las declaraciones que se hubieron realizado en mi contra son falsas, muchas de las cuales han sido rectificadas por los propios declarantes y ya se encuentran incorporadas en esta causa, habiéndose demostrado también que se trata de una causa preparada con fines políticos”, concluyó.
Yorio. Sostuvo que no participó en “ninguno de los procedimientos, y mucho menos en torturas”. Y añadió: “Indudablemente, quien asegura esas cosas no está en su sano juicio o está mintiendo descaradamente o ha respondido a alguna presión que desconozco (...) quiero dejar constancia que desde el 24 de marzo de 1976 pasé a trabajar como Secretario del Jefe de Policía, el entonces Mayor Baraldini en la Jefatura de Policía y no volví a ocupar cargo ni ninguna función en la Unidad Regional 1 ni en la Seccional Primera. (...) Hasta diciembre de 1978, me desempeñé como Secretario de Baraldini en tareas netamente policiales comunes y fundamentalmente administrativas y desde enero hasta diciembre de 1978 organicé y me desempeñé a cargo del Departamento de Relaciones Públicas” en la Jefatura.
Al ampliar su indagatoria, Yorio presentó un escrito en donde negó los cargos que se le efectúan y aportó copia de la denuncia que, por falso testimonio, le realizó a quienes lo imputaron.
Reta. Explicó que sus tareas eran administrativas y llevaba correspondencia de los operativos que se hacían en la provincia al Comando de la Subzona 14. Aclaró que la Primera todos los días hacía llegar un parte al Jefe de la UR-I, comisario Constantino, mediante el cual se hacía conocer el movimiento de detenidos comunes, procesados y el funcionamiento diario de la Seccional.
A través de ese medio, dijo, se enteraba de todo lo que ocurría en la jurisdicción; razón por la cual, le consta que del listado de supuestos damnificados, la mayoría estaban detenidos por delitos comunes contra el Estado, principalmente hechos de corrupción administrativa.
Sobre el operativo contra docentes y directivos del Instituto José Ingenieros, en la localidad de Arauz, narró que la UR-l recibió una denuncia realizada por padres de alumnos que asistían a la escuela secundaria, atento a que, al parecer, las clases que dictaban “tenían tendencia o ideología subversiva”. Explicó que el caso fue “estudiado en la UR-l en acuerdo con el Comando de la Subzona 14” y se acordó la realización de un allanamiento en la localidad a cargo de un grupo de militares y personal policial de apoyo.
Reta afirmó que, en ese operativo, hizo de chofer de Constantino. Dijo que no se actuaba por una orden judicial sino de la Subzona 14 y que recordaba haber trasladado detenidos para ponerlos a disposición de personal policial y militar. Aseguró que le constaba que no hubo torturas, que no participó de los interrogatorios y que todos salieron del mismo modo en que entraron, siendo tratados en forma correcta.
Marenchino. Negó su participación en los ilícitos que se le reprochan. Expresó que su tarea en la Subzona 14 fue volcar en fichas la estructura social de la ciudad, por ejemplo quienes formaban parte de las asociaciones, quienes eran los directivos de los colegios. Al ampliar su indagatoria señaló que estuvo en la Escuela de Policía, haciendo el curso de oficial subinspector, entre marzo y septiembre de 1976. Que finalizado el mismo volvió a su anterior destino, Jefatura de Policía, con el curso aprobado.
Reiteró que nunca cumplió funciones en la Subzona 14 ni en la Primera, ni en la UR-I de Santa Rosa. Dijo que fue designado a los efectos de brindar información relacionada por la función que cumplía en el Departamento Informaciones, donde se “reunía toda la información que tenia que ver con el espectro que hace al conjunto de la sociedad...”.
Marenchino volvió a negar todas las acusaciones al presentar un escrito mediante su abogado defensor.
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