Con el accionar de la fuerza, se posibilitó el paso de camiones que transportaban insumos para el yacimiento minero. Indignación social y justificación oficial.

En el país donde se ha tornado típico y de una hipocresía redundante declamar hasta el cansancio, a lo largo de los últimos años, la virtual igualdad de todos los argentinos, se tornan cada vez más patentes señales que el discurso oficial cae por el propio peso de sus contradicciones.

Así lo patenta la disputa, cual David y Goliat, mantenida, por un lado, entre las voces populares condenadas al padecimiento al que son objeto debido a la instauración y profundización de la megaminería a cielo abierto y, por otro lado, aquellas corporaciones multinacionales bendecidas por la displicencia gubernamental cautivada por el poder económico y el lobby político.

En ese mismo país donde se ha colonizado casi proféticamente el valor de los derechos humanos bajo un solo signo ideológico, se procede a su vez a determinar la criminalización de la protesta social, como lo demostraron las imágenes de los violentos desalojos sucedidos en la jornada de ayer en la localidad catamarqueña de Tinogasta y, a nivel local, en la zona de Amaicha del Valle.

En el primero de los casos, durante tempranas horas del viernes, efectivos policiales de la vecina provincia accionaron de manera coercitiva y brutal contra los asambleístas antimineros que se encontraban realizando un corte selectivo en la ruta 60. El proceder de las fuerzas de seguridad permitió el paso de 12 camiones que contenían material tóxico y explosivo para ser utilizados en la producción del yacimiento de Bajo La Alumbrera (explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold).

Ante la resistencia de los manifestantes, los policías avanzaron sobre su objetivo con escudos, bastones y perros. En ese contexto, hubo forcejeos y empujones y luego pedradas contra los uniformados y la respuesta con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, el convoy de vehículos pesados que estaban apostados a la vera de la ruta desde hace ya más de 15 días aprovechó el despeje del camino para avanzar, ante una lluvia de proyectiles y piedras que impactaron en sus carrocerías.

"Este es el gobierno popular que, de manera mentirosa, enarbola la bandera de los derechos humanos", cuestionó uno de los manifestantes en declaraciones al canal TN, en medio de los incidentes en los que se pudo observar mujeres con niños en sus brazos que recibían golpes y empujones por parte de la policía, como así también hombres afectados por laceraciones en sus cuerpos producto de las balas de gomas disparadas.

Susana Olivera, ambientalista, señaló: "Esto es lamentable. Hemos vuelto a la época de la dictadura. ¿Ésta es la democracia de la Presidenta? No respeta la dignidad de la gente. La represión ha sido terrible. Hay heridos con balas de goma y con gas pimienta".

A este suceso debe adicionársele el acontecido el miércoles pasado en la localidad catamarqueña de Belén donde fueron detenidas unas 30 personas.

Tal como detalló EL SIGLO en su edición de ayer, desde los ámbitos judiciales se avalaron los métodos represivos utilizados por la Policía, postura reafirmada ante este nuevo suceso por el ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo al argumentar que había que dejar pasar a los camiones del yacimiento Bajo de la Alumbrera, porque cargaban "explosivos" que representaban un "peligro para la sociedad".

Además, aseguró que también hubo "policías heridos" en el operativo de desalojo, entre ellos uno con "una fractura superpuesta" y otro con una "pierna fracturada".

"No podemos caer en la anarquía. La policía hizo lo que tenía que hacer. La Policía cumple órdenes del Poder Judicial. Cumplimos una orden judicial para establecer el estado de derecho", remarcó Gordillo. Y añadió: "Nosotros siempre estamos con la gente. Nos duele mucho esta situación".

A modo de morigerar la posición asumida en un primer momento, el funcionario tuvo que reconocer el desmedido accionar empleado, pero sin brindar mayores detalles sobre las instancias que se seguirán para penar la violencia ejercida contra la población. Sostuvo que iniciarán las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy (por ayer) sí o sí se tenía que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", se contradijo el ministro.

Más violencia

En tanto, la Policía de Tucumán, alrededor de las 4.00 de la mañana de ayer, procedió en idéntico sentido a desalojar a un grupo de asambleístas apostados en la ruta 337 bloqueando el paso de insumos para la normal operatividad de la minera La Alumbrera, sindicada como responsable también de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce a través del volcado de metales pesados en sus cursos hidrológicos. Según denunciaron las personas allí asentadas, luego de increparlos y amenazarlos, efectivos de la fuerza los hicieron ingresar a una vivienda de uno de los vecinos próximo al bloqueo posibilitando así que los camiones retenidos lograran atravesar el mismo. Los asambleístas advirtieron que la medida represiva ejecutada fue concretada sin ninguna orden de allanamiento.

"A la madrugada llegaron 40 efectivos policiales sin una orden judicial de desalojo, muy agresivos, nos acorralaron, rompieron todo", manifestaron desde la Asamblea Amaicha de Pie. "Lo que hicieron hoy (por ayer) aquí de llegar sin una orden y reprimir como reprimieron es anticonstitucional", resaltaron los comuneros y ambientalistas, entre los que se encontraba el Secretario de la Comunidad Indígena Amaicha del Valle, Jesús Silva, además de la Secretaria de la Organización de Mujeres Diaguitas, Gilda Garcia. "Lo que estamos solicitando como Amaicha de Pie es pedir una respuesta, responsabilizamos al gobierno de Tucumán y al gobierno Nacional y exigimos una respuesta de cómo puede suceder esto. Estamos en plena dictadura, esta es la democracia más hipócritca que pueda existir. Vienen con palos, perros, gases. El bloqueo es pacífico. No vamos a ejercer violencia, estamos aquí para exigir nuestros derechos. No nos permiten manifestarnos, luchar, no hay democracia", bramaron en medio de la impotencia.

A la vez, levantaron su voz contra la complicidad entre el yacimiento y la dirigencia. "Funcionarios del estado cuando de pensar el sostenimiento de algún emprendimiento productivo, deportivo o artístico se trata, inmediatamente apelan a Minera Alumbrera, la que luego con sus dádivas condiciona la voluntad política de estos en resistir el envenenamiento que la minera hace a nuestros cerros y nuestra población; en consecuencia son cómplices con su accionar, sean consientes o no de esta situación", concluyeron.

Ambigüedad en el poder político

El jueves, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que en materia de explotaciones mineras hay que "exigir calidad ambiental" a las empresas, pero también "responsabilidad sobre los planteos" a los que rechazan esa actividad económica.

En tanto, la organización Greenpeace propuso a la Mandataria que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.

Por su parte, el senador Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa. Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó.

Asambleístas sin protección judicial

A raíz de los hechos represivos, abogados de la Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería (RDAJ) presentaron ayer un hábeas corpus para frenar el accionar policial. Sin embargo, denunciaron que la Cámara Federal de Tucumán no quiso recibirlos y que los derivaron al Juzgado Federal de primera instancia para "ganar tiempo contra los manifestantes", consignó el portal perfil.com. La coordinadora de RDAJ, Soledad Sede explicó la situación: "Luego de la represión nos presentamos en la Cámara Federal para defender la integridad física de los arrestados, para que no los golpeen ni repriman. Pero no lo aceptaron y lo pasaron a un juzgado de primera instancia". Según la abogada, esta estrategia es para que "no deban decidir inmediatamente sobre las dos provincias". Tras la negativa, los recibió el juez Raúl Daniel Bejas. Sin embargo, no tomó nignuna decisión al respecto. "Quieren ganar tiempo", sentenció Sede.