»El tema de fondo en la controversia del municipio con los propietarios de bares de Alem es el factor de ocupación. "Los primeros interesados en la seguridad de los clientes son los mismos propietarios", dijo ayer el abogado de la cámara que agrupa a esos

Si bien la Cámara de Restaurantes y Bares de Alem (Carba) sigue adelante con su demanda penal contra los funcionarios que dispusieron las reiteradas clausuras de los establecimientos nocturnos de la zona, el abogado de la institución, Juan Ignacio Marcellac, consideró que el conflicto debería encontrar una solución "por la vía del diálogo" y no de la confrontación legal.

En los últimos días, la relación entre los propietarios de los bares y pubs de la calle Alem y el municipio pareció haberse deteriorado y, en ese marco, se dispuso el cierre de algunos locales bajo el argumento de que habían excedido su capacidad para albergar clientes.

Las clausuras fueron revocadas por la Justicia ante lo cual, la comuna anunció su decisión de recurrir esas decisiones.

En medio de este complejo panorama, Marcellac insistió ayer en cuestionar la legitimidad de los procedimientos realizados por el municipio y ratificó que Carba está dispuesta a hacer valer su postura en el marco de la denuncia penal iniciada contra los inspectores y funcionarios que vienen desarrollando esa tarea.

Igualmente el abogado expuso que la cámara tiene intenciones de resolver la controversia por otra vía, discutiendo con las autoridades la razonabilidad de las normas que regulan la actividad nocturna y comercial en la zona de Alem.

-¿Cuál es la visión que tiene respecto de la continuidad de los controles y las clausuras que sufren los bares por exceder el factor de ocupación?

-La que tuvimos siempre y ya hemos expuesto en enero cuando se nos convocó a participar de una mesa de diálogo en el Concejo Deliberante. Allí ya le advertimos a la Municipalidad que consideramos que los procedimientos son ilegítimos. Esto es lo mismo que sostenemos hoy, al ver que el municipio ha resuelto quebrantar el incipiente consenso que habíamos logrado volviendo a imponer clausuras. La Justicia ya nos dio la razón días atrás al levantar la clausura de un local. Por eso hemos resuelto denunciar penalmente a los funcionarios, cosa que no quisimos hacer antes porque había un diálogo en curso. Hoy se ha hecho la denuncia penal porque el mismo municipio no les dejó otra alternativa a los comerciantes.

-¿En base a qué argumentos ustedes consideran que los procedimientos son ilegítimos?

-El principal punto es que el municipio carece de competencia para clausurar un local por exceder el factor de ocupación. La competencia es provincial y está en cabeza de la Dirección de Bomberos. Por lo tanto los funcionarios municipales no tienen facultades para hacer lo que hacen. Sólo podrían constatar la existencia de una presunta infracción, pero no para clausurar. La cuestión se esclarece al ver cómo se llevan a cabo los procedimientos, que se desarrollan a través de inspectores que con un cuentaganado verifican en la puerta cuánta gente se retira de un establecimiento. Recién cuando se retira el último cliente imponen la sanción de acuerdo al resultado y ahí se comete una segunda irregularidad porque hacen clausuras preventivas en establecimientos vacíos y cerrados. Así no se conjura ninguna situación de riesgo porque no hay ningún peligro en un local vacío. Además tenemos objeciones respecto del modo en el que los inspectores cuentan cuánta gente hay dentro de un local.

-¿Por qué?

-Había algo que nos llamaba la atención hacia tiempo y que decidimos constatar hace algunos fines de semana mediante un escribano. Nosotros mismos hicimos un recuento de gente y verificamos una diferencia abismal porque mientras nosotros contamos 139 personas los inspectores llegaron a 260. No pudimos saber cómo el municipio llegó a ese número.

-¿Los fallos judiciales en favor de los comerciantes les dio la razón sobre la cuestión de fondo o sólo hicieron alusión a cuestiones formales de los procedimientos?

-Ante un procedimiento legítimo no habría ningún juez dispuesto a cuestionarlo levantando una clausura. Si los jueces toman estas medidas es porque consideran que los procedimientos no están bien hechos. En el último fallo el juez se refirió a varias cosas que nosotros señalamos, entre ellas, a la falta de competencia del municipio para hacer lo que hace. Lo que nos llama la atención es que después de eso el municipio haya insistido con los procedimientos.

-¿No cree que esta parece ser una discusión leguleya ante una falta grave y mal vista por la sociedad?

-En enero se hizo una jornada de trabajo en la que hubo Bomberos y funcionarios de Gobierno, Inspección concejales y técnicos de seguridad en la que se reconoció que el factor de ocupación existente está mal otorgado. Y ahí hubo un compromiso de modificarlo porque se reconoció que hay situaciones absurdas. Nadie quiere que haya 300 personas donde caben 100, pero tampoco se quiere que haya 100 donde perfectamente puede haber 200. Lo que se busca es que el municipio regule y legisle las cosas en base a la realidad.

-Pero la norma dispone algo que es claro y mientras siga así debe cumplirse.

-Las normas se emiten por una razón y en el caso del factor de ocupación lo que se busca es la seguridad del público ante un siniestro. La finalidad es que las personas puedan salir dentro de un tiempo de evacuación razonable. Lo que podemos demostrar claramente es que dentro de cada establecimiento alcanzan y sobran las condiciones de seguridad para cumplir. Si en un Airbus-380 entran 850 personas eso es así porque reúne las condiciones de evacuación son óptimas. Lo mismo ocurre con los locales de Alem, a los que les sobran las condiciones de seguridad.

El factor de ocupación

-Pero si lo que se requiere es cambiar el factor de ocupación debe haber una modificación en la legislación provincial.

-Y lo que creemos es que esto es algo que debe ser logrado en una mesa de diálogo. De otro modo, lo único que nos queda es ir a los Tribunales para demostrar que, pese a lo que diga la Municipalidad, es posible que dentro de un bar no entran 100, sino 200 personas. Y esto es algo muy claro si se analizan cuáles son las condiciones de seguridad. Los primeros interesados en la seguridad de los clientes son los mismos propietarios.

-¿Qué han hecho para modificar el factor de ocupación?

-Habíamos tenido un compromiso del municipio de que iban a ser modificados pero no se hizo. Estamos en contacto con especialistas en seguridad antisiniestral para que digan cuál es la capacidad real de los establecimientos y vamos a llevar eso a la Justicia. Pero la mejor solución sería que esto se discutiera en una mesa de diálogo.

-Tal como están las cosas, ¿cuál sería el camino para reencauzar la situación?

-Reabriendo el diálogo de manera responsable y sensata sobre las normas que regulan la actividad. Hoy no hay diálogo porque fue cortado por el propio municipio y nosotros estamos en un proceso de demanda penal contra los funcionarios. Es lamentable que la Municipalidad gaste hoy lo que no tiene para llevar adelante procedimientos de mala manera. Gastan fortunas en horas extras con dinero de los contribuyentes para llevar a un batallón de inspectores a Alem cada fin de semana para seguir haciendo algo que, ellos ya saben, no está bien. Qusiéramos reencauzar esto y llevar a un marco lógico la discusión sobre el factor de ocupación y normas obsoletas.