Las represas quedarán en la órbita de Nación

Las represas quedarán en la órbita de Nación
A diferencia del proceso anterior, donde la Nación financiaba pero la titularidad de las represas, luego del repago, sería de la provincia, en el proceso que ahora se lleva adelante, todo el proceso y las obras quedarán en la órbita de Nación. Pese a ello, el Ejecutivo provincial es quien debe expropiar las tierras, porque tendrá una “pequeña” participación, aunque no injerencia, en el complejo hidroeléctrico.
El ministro de Planificación Federal lleva adelante desde la semana pasada una serie de presentaciones internacionales del complejo hidroeléctrico que se proyecta sobre el río Santa Cruz.

Ayer estaba en el gigante asiático y luego se trasladaría a Rusia. Antes había hecho lo propio en Brasil.

Este esfuerzo tiene que ver con los cambios que se realizaron sobre el proceso licitatorio que entró en su tercer intento, ahora con la firme búsqueda de inversores internacionales por parte del Gobierno nacional.

Antes había existido un primer llamado que comenzó su proceso el 14 de abril de 2008, el que debió ser reformulado por la crisis internacional del 2009, con una adecuación, que llevó a una nueva apertura de ofertas en febrero de 2010, con la posterior pre adjudicación a la UTE, IMPSA - Camargo Correa - Corporación América SA pero que naufragó, un año y medio después, sin que se llegara a firmar el contrato definitivo de obra, por la falta de concreción del financiamiento que necesitaban los privados que llevarían adelante la construcción, pese a que el 70% sería financiado por la provincia, a través del programa de sistema de obras hidroeléctricas del Gobierno Nacional, quien pondría el dinero bajo garantías provinciales.

Luego del repago de dicho financiamiento, estimado entre 5 y 10 años, la operatividad total y titularidad del complejo hidroeléctrico estaría a cargo del Gobierno provincial, y por ende, la decisión soberana de los destinos de la energía producida, aún a sabiendas que sólo una pequeña parte de los 1.740 MW estimados podría ser aprovechada en territorio santacruceño y el resto iría al sistema eléctrico nacional, para lo cual, incluso, se llegó a firmar un convenio de compra con Cammesa.

Los cambios

Pero finalmente, por distintos avatares, el proceso no prosperó y este año, en agosto, fue nuevamente puesta en valor la necesidad de la construcción de las represas, para lo cual se diseñó un nuevo proceso licitatorio. En el mismo, el financiamiento estaría completamente a cargo, aún a través de inversores privados, del Gobierno nacional. Nada se dijo, en el lanzamiento de la licitación, que se espera se abra el primer sobre el 12 de diciembre, sobre cómo quedaría luego la constitución de la empresa que se deberá conformar para el usufructo de lo producido por las represas.

Ayer, consultado en el programa “El Espiral”, por LU 12 Radio Río Gallegos, el ministro de la Producción Rafael Gilmartin confirmó que la titularidad del complejo, luego del repago, que se estima podría tomar 20 años, quedará completamente en manos de la Nación Argentina, con una pequeña participación de la provincia, “porque somos los dueños del recurso”, participación que aún no está definida.

“Nación y la empresa operativa que se designe” tendrán la potestad sobre las represas, pero según el ministro la provincia “tendrá una injerencia porque la autoridad de cuenca es (del Gobierno) provincial, pero después de los 20 años, quedan en propiedad nacional”, explicó Gilmartin.

Esto quedó así a partir del nuevo proceso de licitación que involucró una serie de cambios en los pliegos, tanto desde el punto de vista técnico como el constructivo.

Expropiación y participación

El 16 de diciembre de 2010, en sesión extraordinaria, cuando aún regía el proceso anterior, se envió a la Cámara de Diputados un paquete de cuatro leyes que se relacionaban con ese proceso. Una de ellas era la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras que quedarán afectadas por el embalse generado por las presas. Esto quedará igual, ya que el proceso de expropiación “lo tiene que hacer la provincia, por ser nosotros la autoridad de Cuenca” señaló Gilmartin, aunque queda por definir con Nación cómo asumir el costo que dicha expropiación insumirá al erario provincial.

“Bisagra de nuestra historia”, “Santa Cruz matriz energética” fueron algunas de las frases que desde el oficialismo se enfatizaron durante el proceso anterior. “Vamos a vender energía al país” y “podremos disponer de la que requiramos para industrializar, definitivamente, a Santa Cruz” se señaló en aquel momento.

Pero la realidad hoy es otra, aunque ello no inhibe que la disponibilidad de energía exista, ya no dependerá de la decisión soberana de Santa Cruz, sino de Nación.

Así lo reconoció el ministro de la Producción, señaló que “la participación de la provincia en las represas será menor”. Ya que sí habrá, “un porcentual que queda para la provincia en el futuro y que tiene que ver con el hecho de que el recurso es nuestro”, aunque dijo que la cuantía de esa participación no está definida, todavía.

Más interés chino

La empresa China State Construction se sumó ayer a Sinohydro y China Gezhouba, que ya habían asegurado, el día anterior, su participación en el proceso licitatorio de las represas.

Así lo destacaron fuentes del Ministerio de Planificación Federal, luego de un encuentro que el titular de esta cartera, Julio De Vido, mantuvo con el vicepresidente de la compañía, Wang Shaofeng.

China State es considerada la constructora más grande del mundo: cuenta con 120 mil ejecutivos y técnicos, y una plantilla total de un millón de empleados.

Lleva construidos aeropuertos, puertos, autopistas, centrales de energía eólica, edificios emblema de China como la torre más alta del país, en Shanghái, la de la TV pública en Beijing, los estadios de la última olimpiada en 2008 en la ciudad capital, y el cubo de agua donde se desarrollaron las actividades acuáticas de esos juegos olímpicos, entre otros.

Esta compañía trabaja en 40 países del mundo, incluidos los Estados Unidos y Europa, aunque todavía no tiene presencia en América Latina. Con las tres empresas chinas, sumarían diez los interesados en el pliego licitatorio, ya que en Brasil fueron siete las constructoras que mostraron interés de participar.

Leyes aprobadas en 2010

En sesión extraordinaria, el 16 de diciembre de 2010, además de ratificar el proceso que se llevaba adelante en esa época por el cual el complejo quedaría bajo la tutela de la provincia, una vez culminado su repago, se aprobaban cuatro leyes que le daban marco al proceso licitatorio: El Convenio Marco de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, además se sancionó una autorización al Poder Ejecutivo provincial a crear la sociedad comercial denominada “Hidroeléctrica Xaleshen SA”.

Otra de las leyes declaró de utilidad pública, sujeta a expropiación por parte de la provincia de Santa Cruz, las fracciones de tierra linderas al cauce del río Santa Cruz: área Cóndor Cliff y el área Barrancosa.

Se creó la Autoridad de la Cuenca del río Santa Cruz que ejercerá su competencia en el ámbito de la misma. Y se modificó el artículo 61 de la Ley 1.451, por el cual se establece que “la explotación de la energía hidráulica podrá ser objeto de una concesión a empresas privadas cuando las mismas estén conformadas mayoritariamente por capital accionario del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, no pudiendo serlo a otras empresas privadas ni a particulares. El Poder Ejecutivo Provincial, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, podrá delegar en los municipios y comisiones de fomento la explotación de esta fuente de energía, o celebrar convenios con organismos nacionales”. Este punto, si la titularidad será de la Nación, se estima que tendrá que ser modificado nuevamente.

Vieira: un proceso complicado

En cuanto a la expropiación de los bienes de la pesquera Vieira de capitales españoles, el ministro de la Producción Rafael Gilmartin reveló que “el proceso de expropiación es complicado” y que el Gobierno provincial continúa realizando gestiones para poner en funcionamiento en su totalidad la planta de la compañía ubicada en Puerto Deseado.

“Es complicado porque desde el punto de vista todos los pasos legales llevan tiempo y se trabaja en eso, y el jueves se llevó a cabo la escrituración de los barcos a favor de la provincia tras la expropiación. Esto permitirá que puedan salir a navegar y realizar las inscripciones en la Dirección de Vías Navegables de la Nación”, remarcó.

Aseguró que “es claro y transparente” el proceso tras la expropiación, y que se trata de resolver la situación, ya que los trabajadores no han cobrado los salarios.

En este sentido, adelantó que este lunes se reunirá con el titular Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) Omar Suárez, ya que este sindicato a través de una empresa tiene intenciones de hacerse cargo de los bienes expropiados por la provincia.

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