El paso siguiente lo dio la Cámara de Diputados, que convirtió la buena nueva en ley. Una vez concluida esa etapa, sólo restaba que el primer mandatario reglamentara la normativa. Finalmente, Gioja le puso la firma y la legislación se en­cuentra en plena vigencia

La labor ya comenzó: la Se­cretaria de Gestión Pública envió una nómina a cada repartición gubernamental de los empleados contratados en condiciones de ingresar a la planta permanente. En total son 4.685 personas que cumplen con los requisitos. De esta lista, los interesados de­ben presentar una nota al jefe de Personal del área en la que se desempeñan solicitando el ingreso.

El plazo para que los contratados terminen de llevar la documentación que se les solicite se vence dentro de 60 días según revela el decreto G, publicado en el Boletín Oficial.

Con las notas en mano, los jefes de área deberán elaborar un expediente correspondiente a cada contratado. La siguiente fase será corroborar que los interesados no tengan deudas con ninguna dependencia estatal. Si hay atrasos con los pagos, los jefes los derivarán para que inicien planes de refinanciación.

Una vez que el Jefe de Per­sonal verifique la documentación, girará el expediente a la Dirección de Coordinación Administrativa del Ministerio o Secretaría de rango ministerial correspondiente, que incorporará al expediente de los contratos años 2010/1 que ha mantenido el ingresante con la repartición, solicitará la asignación de la categoría que corresponda de a­cuerdo al agrupamiento al que va a pertenecer cada em­pleado (que dependerá del nivel de instrucción académica) y gestionará la firma de la máxima autoridad jurisdiccional convalidando el pedido de ingreso y categoría. Por último, girará las actuaciones a la Secretaría de Gestión Pública.

Culminado ese proceso bu­ro­crático, los aspirantes ya cer­tificados se capacitarán y rendirán un examen. Los que aprueben serán parte de la anhelada planta permanente.