“Es una cuestión que tiene relación directa con el futuro de la Provincia del Chubut y está vinculada con un fondo de reparación histórica”, afirmó el diputado Roberto Risso al fundamentar el proyecto de resolución, señalando que “va más allá de la discusión actual sobre el costo de la expropiación”.

Exhortó a avanzar en una posición diferenciada y propia de la Provincia del Chubut, “por fuera de la que establezca el Gobierno Nacional” y a convertir el tema en “una bandera de los chubutenses”, recordando la presencia de la cuestión acerca de quién cobrará el pasivo ambiental en el debate legislativo en el Congreso Nacional.

“No debemos claudicar y no debemos cometer el error de considerarlo solamente como un camino para disminuir la indemnización a YPF”, añadió, exhortando a “proteger a los chubutenses”.

Aludió luego a “las afirmaciones preocupantes” del senador nacional Marcelo Guinle al defender el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para la recuperación de la actividad hidrocarburífera y sostener que las provincias conservan el manejo de sus recursos, insistiendo en “levantar el derecho histórico” del Chubut.

“Hace falta un fondo de fondo de reparación histórica para las provincias productoras, pero en particular para Chubut y Santa Cruz. Y la titular de dichos derechos no es la Nación. Debemos ser los chubutenses”, agregó.

Acompañamiento

El pedido logró los votos necesarios para su aprobación, a pesar de la negativa a acompañarlo por parte del bloque del Frente para la Victoria, y está dirigido al ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré.

La solicitud se enmarca en el proceso de reversión de las áreas de Repsol – YPF y procura conocer, en primer término, la cantidad de pozos abandonados, con la verificación de su estado; las declaraciones juradas de las empresas y los detalles de los pasivos ambientales entre los años 2004 y 2011.

Otros requerimientos apuntan a determinar la cantidad de pozos en producción, inactivos y/o abandonados en la Provincia con un detalle específico de los ubicados en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia y el número de pozos existentes que no presentan la protección adecuada de los acuíferos dulces por medio de cañería guía.

Complejidad

Al presentar el proyecto de resolución, el diputado Risso aludió a la vinculación del tema con “la determinación de la indemnización o precio de la operación con la empresa Repsol por las acciones expropiadas”, abogando por “prestar mayor atención por otras cuestiones de tipo jurídico”.

“El pasivo ambiental no lo provoca Repsol sino YPF de la cual podemos hoy ser accionistas. Es un planteo jurídico complejo para determinar que imputaciones se le pueden hacer a Repsol y, consiguientemente, el precio de la expropiación”, añadió.

Aspecto central

Risso consideró a la determinación del titular del derecho a la indemnización del pasivo ambiental como un aspecto central y comparó el proceso de reversión con la provincia de Santa Cruz, “en la que el gobernador Daniel Peralta dio marcha atrás y devolvió todas las áreas a YPF”, vinculando la decisión con la estimación de más de mil millones de dólares por aquel concepto.

“El pasivo ambiental de la que es titular la Provincia del Chubut, en general, y la zona sur, en particular, supera largamente ese monto, sin olvidar que, como derecho de reclamo por indemnización, comenzó a generarse a partir de 1907. Cuando hablamos de reparación de ese pasivo ambiental estamos hablando entonces de una cifra de varios miles de millones de dólares”, explicó el diputado radical.

Risso criticó la óptica de limitar el tema de pasivo ambiental a su relación con el eventual descuento del precio a pagar a Repsol “sin pensar que se trata de una empresa que se defenderá” y que hay que definirlo previamente con precisión del período y responsables de su generación.

“Se está haciendo un relevamiento del pasivo ambiental” dijo Martínez

La presidente del bloque del FPV, Argentina “Ica” Martínez que no acompañó el pedido de informes del bloque radical para conocer el pasivo ambiental, dijo que se está haciendo el relevamiento y el inventario de las áreas ocupadas por YPF para conocer cuál es el verdaderamente el pasivo ambiental, y el valor real que tendría que tener YPF hacia adelante, “cuando vinieron los funcionarios a esta Casa de la cual ha participado Risso se les ha consultado sobre el pasivo ambiental pero esto es una cuestión de tiempo porque en este momento se está haciendo un relevamiento”.

Aclaro que en ningún momento pensó que los pedidos de informes de Risso son una “chicana” y dijo que no es atrevida en pensar en eso, “lo que sucede es que este bloque está tomando los tiempos, no vamos a acompañar un pedido de informes para querer conocer el pasivo ambiental cuando lo están investigando”.

Le recordó a Risso que en la modificación de la Constitución de 1994 le dio la posibilidad a las minorías que por tres votos se pueda hacer un pedido de informes, “nos parece a destiempo cuando se está trabajando en el tema y todos estamos interesado en conocer, no estamos relajados, estamos ocupados en el tema y a esto voy, me parece a destiempo peguntar sobre algo que no está finalizado y es interés además de toda la comunidad”.

Gómez coincidió con “Ica”

El diputado del PJ Modelo Chubut, Carlos Gómez no acompañó a su bloque sino que le dio la razón a la presidente del bloque del FPV, Argentina Martínez en que el pedido de informes de Risso es a destiempo “porque en este momento se está haciendo un relevamiento del pasivo ambiental en los yacimientos que eran de YPF”.

Dijo que la inquietud de Risso es importante “pero también es importante manejar los tiempos con los datos fehacientes y en este sentido Argentina Martínez tiene razón de no acompañar”.

Un tendal de irregularidades

Repsol YPF dejó un tendal de normativas sin cumplir. Acostumbrada a trabajar en la región sobre áreas protegidas o territorios indígenas, Repsol enfrentó su primera demanda civil en la Argentina el 27 de marzo de 2002, de la mano de comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil de Loma de la Lata, donde explotaba el mayor yacimiento de gas y petróleo del país. La demanda fue por 445 millones de dólares en resarcimiento de los daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. La presentación se sostuvo en los informes de la consultora alemana Umweltschutz Nord Argentina, que estableció que los individuos de las comunidades mapuches tienen niveles de presencia de “elementos tóxicos” por encima de los urbanos europeos. En el informe da cuenta de que hallaron valores elevados “sobre todo de aluminio, manganeso, talio” y que “fueron encontrados algunos valores significativamente altos de plomo, cadmio, arsénico y níquel”. Para la consultora, los trabajos de recuperación demandarán por los menos veinte años.

El resto de las demandas judiciales responde a un incumplimiento de las normas medio ambientales. En Santa Cruz, el inventario que lleva adelante la Subsecretaría de Medio Ambiente sobre el pasivo de Repsol arrojó un quebranto de más de 500 millones de dólares. De acuerdo con datos de esa dependencia, se registraron unas 1700 piletas mal saneadas, sobre un total de 5000 que tiene la empresa. Se trata de piletas antiguas, en las que cuando había alguna intervención de equipos de torres y otros, se tiraba el hidrocarburo. En 1996 venció el plazo que dio la Secretaría de Energía de la Nación para que se sanearan esas piletas. Lo único que hizo entonces la compañía fue taparlas. El mismo tratamiento se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia (Chubut).

El gobierno de Santa Cruz también realizó un conteo de pozos inactivos y abandonados, que actualmente superan los 8000, en los cuales tampoco se cumplió con el procedimiento de abandono, que impone, entre otros pasos, la cementación del pozo y la remediación del suelo a su alrededor