La Secretaría de Transporte informó la semana última que el máximo responsable de la gestión de un empréstito de alrededor de 400 millones de pesos del Banco Mundial (BM) para obras de modernización vial en el Conurbano, Jorge De Beláustegui, renunció el 19 de junio a pedido del titular de la cartera del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Su salida coincidió con la suspensión de la concesión para la auditoria de la aplicación de la tarjeta SUBE asignada a una unión transitoria de empresas (UTE). Con todo, el nombre del funcionario tiene bien ganados antecedentes en el distrito, ya que fue el encargado de enfrentarse a un grupo de vecinos que se organizó por la relocalización de dos pasos bajo a nivel en los alrededores de la estación ferroviaria de Monte Grande, en los que se invertiría una quinta parte del monto destinado por la banca multinacional.

Randazzo explicó el viernes que “lo que hemos hecho fue suspender los pagos del contrato de supervisión de la tarjeta SUBE porque nos hemos encontrado con (que se destinaron) casi 17 millones de dólares. Con eso hicimos el Documento Nacional de Identidad para todos los argentinos”, graficó el funcionario que recibió hace menos de un mes la cartera que antes manejaba Juan Pablo Schiavi.

Precisamente, el funcionario investigado por la Tragedia de Once y De Beláustegui fueron sindicados como los responsables de permitir supuestas irregularidades en la gestión de la licitación para la prestación de la auditoría por un financista londinense que integraba la UTE. El representante local ante el BM habría firmado la documentación de una licitación que quedó en manos de un consorcio que ofertó 10 millones de pesos más por el control.

De Beláustegui era “más un administrador que un operativo con conocimientos técnicos”, definió uno de los miembros del colectivo que entonces se enfrentaron a la comuna en primera persona pero ahora refieren conservar el anonimato. Se trata de uno de los especialistas que ayudó a elaborar un diseño alternativo en el caso de que el Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA) avanzara con la obra en Monte Grande. “En algún momento le pregunté por los pasos a nivel en general. Dijo que en el plan de adecuaciones del transporte urbano su función era solamente la de aplicar el crédito a un destino específico”, recordó.

Otra fuente vecinal, que pidió estricta reserva, recordó que cuado se entrevistaron con él por primar vez “creía que los 84 millones de pesos eran para un solo túnel”. En ese sentido, Sosa también rememoró que cuando se enteró de la cifra le pareció que podrían llevarse a cabo al menos el doble de los pasos previstos para Esteban Echeverría. Como antecedentes en la región está el caso de Bernal, en Quilmes, dónde tampoco se realizó la misma obra a raíz de la presión vecinal.

En ambos casos, como interlocutor con los opositores, no se registran antecedentes de defensa de las objeciones vecinales, mientras que sí fue muy fuerte su toma de posición a favor de la realización de los proyectos hasta sus últimas consecuencias. En el caso echeverriano, hasta aceptó un estudio de impacto ambiental en el que los denunciantes acreditaron que fue omitido un canal subterráneo que impactaría en la estructura.