El ex funcionario argumento su decisión: “Me aparto de la función pública denunciando la persecución de que soy objeto por parte del Poder Judicial, iniciada con un fallo de Luis Lutz e Italo Balladini del año 2000 y acentuada a través del Tribunal del Trabajo de Viedma en marzo del corriente año cuando se ordenó el embargo de mis haberes de funcionario así como los de la docencia hasta una suma “provisoria” de $ 399.563,81”.

“¿Qué falta es la que origina esta condena?: ¿endeudamiento? ¿estafa? ¿daños causados al Estado o a particulares? Nada de eso”, reflexionó.

“Se trata de las costas, intereses y costos del juicio en que reclamamos por el despido de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Río Negro producido en febrero de 1996, en lo que constituyó el final de nuestra lucha contra el vaciamiento del banco de los rionegrinos durante los gobiernos de Massaccesi y su vergonzante privatización por el gobierno de Verani”, dijo.

Por principios no podría –ejerciendo un cargo político- reclamar a las instituciones públicas una intervención que ponga fin a esta rémora del régimen radical que abruma a un grupo de militantes gremiales que cumplió con su compromiso con los trabajadores y la sociedad, finalizó Aliani.