En esferas políticas y tribunalicias se estimó la decisión como una señal de buena voluntad, tendiente a descomprimir las fuertes críticas que, con respecto al funcionamiento de ambos organismos creados en el 2007, existen.

Una de las cuestiones que están en el monitoreo del poder central es la situación que se ha creado con la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jury que, hasta la fecha, no han logrado un grado de autonomía propio, siendo objeto de señalamientos que apuntan a marcar el grado de sumisión que existe al Superior Tribunal de Justicia.

Otro de los temas que preocupan al poder nacional es la no vigencia de la cláusula constitucional que dispone la división del Ministerio Público, en orden a un controvertido fallo del Superior Tribunal que fulminó el acuerdo unánime que se alcanzó en la Convención Reformadora del 2007.

LA IDA

Los cuestionamientos, que se han sucedido en los últimos tiempos a la falta de independencia del Consejo y del Jury, ponían de manifiesto la notable contradicción de que ambos organismos tenían en común a una misma funcionaria, que era, a la vez, secretaria en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, lo cual mostraba una relación contraria a la idea de que cada uno de los organismos constitucionales debían manejarse con absoluta autonomía.

Las miradas una vez más se posaron en el Presidente del STJ, que también se desempeña como titular del Consejo, una doble función que en su momento fue puntualmente cuestionada por un Ministro de la Corte, en oportunidad de una visita que como Presidente del Tribunal hizo a la Provincia. El doctor Enrique Petracchi expresó que el no participaba de las reuniones del Consejo, que presidia porque entendía que el ejercicio de la titularidad de la Corte generaba una incompatibilidad manifiesta.

Tiempo después, la modificación de la Ley de creación del Consejo de la Magistratura determinó que la Corte ya no tendría lugar en el organismo, quedando la presidencia en manos del vocal que el propio consejo elija por mayoría de sus miembros.

RECAMBIO

La aceptación de la renuncia por parte del Jury abre expectativas por quién pase a ocupar dicha función, existiendo criterio mayoritario en el sentido de que la persona que se designe no debe ser parte del Poder Judicial, justamente, para despejar dudas. Mucho menos del Superior Tribunal.

La decisión quedará en manos de los integrantes del Jury, los cuales son tres legisladores, el representante de los abogados, de los jueces, del Superior Tribunal y de la Facultad de derecho, un total de siete miembros que por mayoría resolverán el tema.

Dos nombres aparecían en el bolillero como posibles para cubrir la vacante que dejara la Doctora Esperanza. Uno de ellos, el ex juez de instrucción Alfredo Saade, muy vinculado a los claustros universitarios, y el otro la doctora María Dolores Espíndola, funcionaria de carrera del Municipio capitalino que ejerce la profesión.

Aún así, no parecen ser los únicos candidatos posibles. Hoy, seguramente, no habrá más decisión que la de aceptar la renuncia de la Doctora Esperanza, quien seguirá en su cargo en el Superior Tribunal.

En lo que los consejeros habrían logrado estar de acuerdo es en que el perfil del nuevo secretario del Jury debe ser el de un hombre y/o mujer no vinculado a la justicia.

Lo más probable es que se pase a un cuarto intermedio en búsqueda de un candidato del consenso.