El gobierno rionegrino abonará los salarios de enero y febrero a los trabajadores hospitalarios contratados y analizará en esos dos meses cada uno de los casos para ver si mantiene o no la relación laboral. Así lo expresaron los funcionarios provinciales del área de la Función Pública, encabezados por su titular Sandro Chaina, ante los representantes gremiales con los que se entrevistaron en dos reuniones consecutivas.

Así, ese análisis diferencial -renovación automática por dos meses- alcanza a la totalidad de los contratados en Salud, es decir, a unos 1.200 agentes. El resto -otros 3.100 contratados que finalizaron sus funciones el 31 de diciembre- continúa supeditado a la metodología original. En principio, serán renovados a propuestas del ministro y aquellos que específicamente no han sido confirmados no percibirán sus haberes ni tienen obligación de concurrir a trabajar. Sin embargo, en marzo se definirá si se prorrogan o quedan definitivamente sin efecto.

En primer término, poco después del mediodía y a lo largo de una hora y media, los funcionarios se reunieron con los dirigentes de UPCN, con la ausencia de su secretario general, Juan Carlos Scalesi. Estuvieron Jorge Zapata y Oscar Cader en representación de ese sindicato.

El primero explicó a "Río Negro" la decisión del gobierno de dar marcha atrás con la medida que afectaba a los trabajadores contratados hospitalarios y admitió que se analizará cada situación particular, pero manteniendo durante estos dos meses la fuente laboral. En cambio, en los demás ámbitos, los contratos vencidos no se renovarán a excepción de aquellos "esenciales" y, en el mismo período, se evaluará cuáles podrán renovarse.

Luego, las autoridades provinciales recibieron a los representantes de ATE, encabezados por su secretario general, Rodolfo Aguiar, que suscribió un acta distinta a la que firmó UPCN.

ATE supeditó su respuesta final a las asambleas pero el gremio de Scalesi aceptó la propuesta gubernamental. La misma "establece un plazo que comprende los meses de enero y febrero de 2012 para la revisión integral de los contratos que vencieron el 31 de diciembre en el área de Salud exclusivamente, comprometiéndose al efectivo pago de los haberes correspondientes durante ese lapso". Otro punto con posiciones diferentes: UPCN habría comprometido que en ese lapso no habría movilizaciones, pero ATE no garantizó esa inactividad de protestas.

El tercer punto fue coincidente. Los dos gremios y el gobierno acordaron realizar en conjunto el máximo esfuerzo para lograr el objetivo de transparentar el empleo público. Desde ATE se reclamó que la revisión debía alcanzar a los cesanteados de los diferentes organismos del Estado. "Creemos que las luchas de los trabajadores estatales en todo el territorio provincial hicieron posible que hoy exista una propuesta del gobierno, aunque consideramos que la misma es insuficiente", manifestó Rodolfo Aguiar.