El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia votó en forma unánime, avalando el pedido del Ejecutivo de la ciudad. La Cooperativa tiene una deuda de 128 millones de pesos. Hubo observaciones sobre el informe de la auditoría.

En sesión extraordinaria ayer en forma unánime los concejales votaron a favor de la continuidad por seis meses del contrato por la concesión del suministro de electricidad, agua y servicios cloacales, con la Sociedad Cooperativa Popular.

De tal modo se avaló la solicitud del Ejecutivo de Comodoro Rivadavia para que hasta el 30 de noviembre venidero se reconduzcan los detalles de esa contratación, en la intención de corregir los efectos perniciosos de un acuerdo firmado hace 30 años y que precisamente vence este 31 de mayo.

La institución, como es público conocimiento, ha atravesado desde principios de este año una renovación de autoridades que inmediatamente ordenaron una auditoría integral que demostró inicialmente severos vicios administrativos que motivaron que en la última década la deuda de la institución alcanzara a los 128 millones de pesos.

El intendente con el pedido de diferimiento del contrato original por seis meses, adjuntó un convenio firmado con las nuevas autoridades de la SCPL, acordando la revisión integral durante este lapso de las condiciones técnicas y económicas en que se podrá reformular la nueva licitación para la concesión de rubros tan prioritarios para el desenvolvimiento general de la ciudad.

Durante el debate, el titular de la bancada de la Unión Cívica Radical, concejal José Gaspar, revisó puntualmente algunos aspectos que consideró graves en cuanto a las anormalidades detectadas por la auditoría. Informó, como uno de los puntos más inconvenientes, el hecho que los habitantes de Comodoro Rivadavia están absorbiendo como usuarios de esta SCPL, la parte de la provisión del agua potable que se deriva desde el acueducto Musters-Comodoro Rivadavia, para su distribución domiciliaria a habitantes de Caleta Olivia, en la vecina provincia de Santa Cruz.

Por su parte el concejal Juan Pablo Luque, titular del bloque del Frente para la Victoria, destacando el pormenorizado detalle realizado por su par del radicalismo, propuso en una de sus intervenciones en el debate la derogación directa de la Ordenanza 8523 del año 2005.

Dicha norma estableció en su artículo quinto la contratación permanente de una auditoría externa para la instrumentación de análisis de costos; contratación de 197.000 pesos mensuales que recayó en una consultoría de identidad poco clara y que contratada en el norte del país, lleva percibidos más de cuatro millones de pesos por sus servicios.

Por el Partido Justicialista fue la concejal Viviana Almirón quien, coincidiendo en los cuestionamientos de sus antecesores en el uso de la palabra, apeló a la recuperación de la institución como ente social de los comodorenses y de la solidaridad propia del espíritu cooperativista.

Al hacer uso de la palabra la edil Viviana Navarro (FPV), empleada de la Cooperativa, hizo una encendida reivindicación de los trabajadores de la entidad, y reclamó un sitio en el Consejo de Administración de la SCPL para un empleado de base y otro directivo del propio organismo, como voceros de los trabajadores directos de la entidad.

Sobre el final del debate el edil radical Pablo Martínez expresó su profunda preocupación por el informe de la auditoría; no sólo por falta de control interno en los procesos administrativos sino por la “generación de balances falsos con complicidad de delegados y las sindicaturas”, afirmó.

Informe con dudas

La falta de controles fue el factor común que manifestaron los concejales Viviana Navarro, José Gaspar, Pablo Martínez y Mario Soto al referirse a la presentación del informe de la auditoría que efectuaron técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

Viviana Navarro, concejal del Frente para la Victoria y empleada de la SCPL, manifestó que “fue una explicación exhaustiva pero tendría que haber sido más profunda. Debería haber sido de los últimos 10 años porque con tres no arreglamos nada”. De allí que “le hayamos pedido que la hagan por más años”.

Dijo que esto ocurrió por los Consejos de Administración que “permitieron que esto pase” y señaló que los resultados finales serán dados a conocer en la página web de la entidad y además “los vecinos que quieran interiorizarse podrán ira buscar copia a la cooperativa.

Sostuvo que tiene incertidumbre por el futuro de la SCPL, porque “no es fácil para nadie esta situación”.

Remarcó que “quiero que siga la Cooperativa, lo que no quiero son más malas administraciones” y dijo no creer que los tres despedidos sean los únicos culpables. “Terminaron pagando los platos rotos de una fiesta que empezó hace mucho tiempo y donde no hubo controles”.

Puntualizó que su mayor sorpresa pasó por el hecho de que “gente de otras partes del país venga a manejar el sistema operativo”.

A su vez se manifestó “muy triste porque mis compañeros de trabajo son los que se quedan poniéndole el hombro a esta situación, mientras que los que tendrían que estar en primer plano son los que estaban en la fiesta de la compensación de deuda”.

Por su parte el radical José Gaspar dijo que “lo que más me sorprendió fue la falta de controles, por ejemplo de que no estén asentadas en los libros rubricados todas las cuentas mediante las cuales se hayan pagado cifras muy importantes sin que aparezcan los papeles”.

Coincidió con Navarro en el hecho de que “tres personas no pueden haber ocasionado este quebranto de 128 millones de pesos. Entonces solicitamos que la auditoría se profundice en más años hacia atrás. Estas tres personas no deben quedar como chivos expiatorios porque hay más gente con responsabilidades”.

Además remarcó que “pedimos que los informes exhaustivos del Informe Final sean dados a conocer a la prensa y nos dijeron que no sería así porque están analizando cada uno para tomar decisiones”.

En definitiva “diría que se abusó de la falta de controles para no revisar alguna cosas”.

A su vez su par Pablo Martínez enfatizó que “hubo balances falsos aprobados con la complicidad de los delegados”.

Explicó que “en la información que presenta este tipo de irregularidades se omitía y no se declaraba, por ejemplo, reservas estatutarias reales que no se adecuan a la normativa legal. Además los documentos respaldatorios de un balance que son los libros rubricados exigidos por ley, no están en tiempo y forma, y se presentan con cosas que no están consensuadas ni consustanciadas”.

Entonces “la complicidad pasaba por la falta de información que tenían y que no se exigía”.

Esto trae a colación que “lo que más me haya sorprendido es la falta de controles internos”.

Asimismo el edil del Frente para la Victoria, Mario Soto, puntualizó que por el informe sobre la auditoría efectuada a la SCPL, “nos quedamos sumamente sorprendidos con lo que nos hemos encontrado, fundamentalmente por la falta de controles internos en algunos casos alarmantes. Indudablemente podemos hablar de una estafa a la sociedad”.

En función de ello, “planteamos que se deben seguir haciendo análisis profundos para deslindar responsabilidades de otros funcionarios que indudablemente la tuvieron. No nos vamos a quedar con que hubo tres despedidos y que estos sean chivos expiatorios de esta situación”.

Asimismo remarcó que “la responsabilidad de informar a la sociedad la tiene la SCPL, pero de cualquier manera los concejales vamos a salir a decir lo que está sucediendo, en caso de que ellos no lo hagan”