El intendente Carlos Arroyo rubricó un acta acuerdo con la empresa Global View SA con el objetivo de renegociar el millonario contrato de instalación de 1000 cámaras de seguridad en el Partido de General Pueyrredon. 

“Se renegoció la deuda con la empresa que tiene las cámaras de seguridad. Llegamos a un fin de año con muy buenas noticias en términos de seguridad para la ciudad de Mar del Plata”, afirmó el jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk. 

De acuerdo a lo que se refleja en la documentación oficial, a la cual 0223tuvo acceso, la Comuna acordó con la empresa mantener el valor del contrato en 111.270.189 pesos, que se firmó en el gobierno de Gustavo Pulti. En el marco de la contratación de un servicio integral de video vigilancia urbana, el municipio ya le abonó $ 3.668. 247 en 2015 y 2 millones de pesos este año a Global View SA.

El Ejecutivo local y la firma comercial convinieron hace pocos días prorratear el monto pendiente de pago de 105.601.942 pesos entre los meses que van de noviembre de este año a julio de 2018 inclusive, lo que deriva en una cuota mensual de $ 5.028.663,90. 

Tal como reveló este diario digital, la municipalidad constató incumplimientos en los plazos del pliego de licitación para la realización del la etapa segunda del contrato. Ante estas irregularidades, el intendente Arroyo le aplicó una multa de $ 7.091.947 a Global View SA.

En el marco de la licitación pública Nº 22/2014, la gestión de Pulti suscribió un contrato de más de 100 millones de pesos con Global View SA para la provisión, instalación, implementación y posterior mantenimiento de 1000 cámaras de seguridad en las calles marplatenses. 

A los pocos días de asumir su cargo, Arroyo firmó un decreto en el que ordenó la intervención y la realización de una auditoría en la secretaría de Seguridad de la Comuna, luego de conocerse la polémica salida del titular del área Julio Razona, quien denunció públicamente nidos de corrupciónen esa dependencia. 

Antes que finalizara febrero, el Ejecutivo comunal concluyó con la auditoría y decidió recurrir a la Justicia. En ese momento, el jefe comunal explicó que “está aún pendiente de finalización la instalación de 327 cámaras de seguridad, cabe destacar, que el vencimiento inicial de esta etapa, según el pliego de licitación pública 22/2013, que derivó en un contrato entre la municipalidad de General Pueyrredon y la empresa Global View SA, era el día 31 de marzo de 2015; y que a esa fecha, debieran haberse instalado mil cámaras, hecho que aún no está cumplido”. 

“Según los informes de Contaduría municipal, a la fecha, solo se abonaron las tres primeras cuotas, por un monto de 3.668.247 pesos y todas las cuotas restantes desde febrero de 2015 a la fecha se encuentran impagas. Tampoco se habría aplicado a la empresa, las multas por incumplimiento de los plazos de obra y Global View no tiene excusas atendibles para justificar dicho incumplimiento”, añadió.

En tal sentido, remarcó que “lo más grave del caso es que facturas sobrantes en el expediente municipal, correspondientes a Global View no se corresponden en su monto, a lo previsto en las cláusulas del pliego de licitación y contrato de adjudicación que liga a ambas partes”. “La deuda actual, a determinar por la municipalidad de General Pueyrredon y que corresponda a las etapas que debieron cumplir hasta el 10 de diciembre de 2015, debieron ser pagadas por la administración del contador Pulti”, aclaró.

Para Arroyo, de las actuaciones administrativas revisadas,  “la administración anterior adoptó una actitud pasiva y que eso podría ser considerando como incumplimiento de los deberes de funcionario público”.