Tras la polémica generada en torno al cobro de una tasa que debió derogarse, finalmente hoy se convoca por primera vez la comisión de Seguridad Ciudadana para empezar a dar forma a los lineamientos de una política de seguridad y protección ciudadana. Miriam Boyadjian aseguró, como objetivo de esta comisión, «trabajar la seguridad en forma integral con la parte social y la contención de los jóvenes».
El impuesto que apareciera en la boleta de energía eléctrica, generando un marcado malestar ante la falta de difusión de sus objetivos, recién ahora comenzará a tener un sustento a partir de que esta comisión comience a trazar los objetivos a plantear en cuanto a la seguridad urbana; «tenemos que trabajar en una política de seguridad y protección ciudadana integral, no sólo con un plan de videovigilancia, sino también trabajar la seguridad en forma integral con la parte social y la contención de los jóvenes, reglamentando además el funcionamiento de la guardia urbana, y allí vamos a ver resultados más tangibles», comenzó diciendo la representante del Concejo.
Sobre el inicio del trabajo de esta comisión, Boyadjian expresó que «tenemos que definir qué tipo de política a aplicar y con qué instrumentos ponerla en marcha» dijo, poniendo reparos ante manifestaciones iniciales que surgieran desde la Policía cómo usar el dinero a recaudar, en equipamiento para Bomberos de la Policía, «más allá de eso hay cuestiones básicas que debe atender el Estado provincial en todo lo inherente a uniformes y la mantención del personal de seguridad. Nosotros tenemos que complementar esa tarea y podemos definir situaciones para mejorarla, sin reemplazar el rol del Estado en la seguridad», aclaró la edil.
Mapa del delito
Finalmente la Concejal mopofista sentenció como necesidad que «hay que trazar un mapa del delito», agregando que «habrá proyectos a corto, mediano y largo plazo, no sólo de videocámaras se tratará que apunten a los sectores comerciales, sino a accesos claves o comunes y llegar también a los barrios», pidió.
En ese sentido aclaró que «una vez que se defina el objetivo al que queremos llegar, se reglamentará el cobro de la tasa», actualmente está suspendido hasta que se adopten tales definiciones.

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