El enfrentamiento entre el Gobierno y el sindicato de los trabajadores rurales llegó ayer a su punto más alto, cuando el gremio que conduce Gerónimo Venegas impidió el ingreso del delegado normalizador que debía instrumentar los cambios en el sistema del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados Agrarios (Renatre) .

El nuevo incidente ocurrió porque ayer entró en vigor la ley 26.727 , aprobada por pedido de la presidenta Cristina Kirchner en la maratón legislativa de fin de año. La norma instrumenta varias mejoras en las condiciones laborales del trabajador rural, pero también disuelve el Renatre y lo reemplaza por el nuevo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo.

Ese organismo autárquico deberá manejar el millonario fondo de desempleo del trabajador rural, que hasta ahora administraba el Renatre, bajo control del gremio de Venegas.

Con ese mar de fondo, el sindicato rural impidió ayer el ingreso del delegado normalizador del Gobierno, Oscar Maffe, y su comitiva, que pretendía entrar en funciones para instrumentar los cambios.

Bajo un mar de insultos, Maffe debió retirarse de la sede del Renatre, en San Martín 588, un rato después de llegar, mientras el gremio rural avisó que no dejará el edificio y se atrincheró en el lugar.

"No vamos a entregar los fondos de los trabajadores al gobierno nacional, que sabemos lo que hacen", atacó Venegas, quien dijo que no permitirá que el Poder Ejecutivo tome los fondos "como hizo con las AFJP". Más adelante "podría hacer lo mismo con las obras sociales, no podemos crear antecedentes", argumentó el sindicalista.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó en un comunicado "sorpresa e indignación" por la "extemporánea actitud de las autoridades del organismo disuelto, que -destacó- deberán asumir sus responsabilidades legales" por lo que hicieron.

Además, la cartera laboral anunció que recurrirá a la Justicia para que se cumpla con lo dispuesto en la nueva ley. El tema tendrá que resolverse ahí, porque Venegas también avisó que seguirá con su actitud a la espera de que la Justicia admita los amparos que presentó para que se declare inconstitucional la ley.

"En términos de protección social, es la ampliación del control y fiscalización que el peón rural siempre necesitó del Estado", definió Tomada a la nueva norma.

Para Venegas, en cambio, es "un atropello a la democracia". El sindicalista dijo varias veces que era víctima de un "persecución personal" por oponerse al Gobierno y haber apoyado la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde en las últimas elecciones..