Se trata de la Ley 8.103 sancionada por la Legislatura Provincial y publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero pasado y que si bien establece el Régimen Excepcional y Temporario de Regularización del Empleo, otorga una condonación de deudas a los empleadores morosos con los aportes de sus empleados sin registrar que Bernard consideró como "un atropello a la verdadera misión que se debe tener de propender a la registración laboral".

Bernard dijo que en el estado y las entidades intermedias están los responsables de "velar por la legalidad, la formalidad y por el cumplimiento de las leyes de trabajo", pero se quejó de que "desde el mismo estado estemos premiando a quienes no cumplieron, en detrimento de quienes si lo hicieron y que ahora quedan en una posición injusta".

La queja del funcionario del RENATRE que se dedica a "registrar a todos los trabajadores del sector rural donde hay enormes infracciones por la cantidad de trabajadores en negro", dijo que "la Ley sancionada en San Juan, que se hizo para poner a la provincia en línea con la legislación nacional de aplicación a todos los empleadores de cualquier actividad, desvirtuó en su mismo articulado los objetivos perseguidos a nivel nacional".

Esto es así porque según Bernard "la legislación federal, que es la famosa Ley del Blanqueo laboral, tiene como objetivo incorporar al sistema formal a los trabajadores, a través de permitirle a los empleadores que declaren a estos trabajadores que están en negro y paguen en cómodas cuotas, los aportes no pagados en el tiempo en que han estado en negro".

Agregó que "estas leyes que tienden a fomentar el trabajo registrado con beneficios tanto para los empleadores como ara los empleados, se buscó aplicar en la provincia con una ley local que fuera de aplicación en el distrito".

El problema sobrevino cuando la Ley 8.103 en San Juan y la Ley 8.114 en Mendoza se sancionaron, incluyendo una cláusula que otorga planes de pago para los empleadores que registren a sus trabajadores y por otro lado condona la mayor parte de la deuda laboral que mantenían.

Bernard dijo al respecto que "estas dos leyes han dicho que todos los empleadores que tengan multas en la Subsecretaria de Trabajo hasta el 31 de diciembre del año 2007 quedan totalmente purgadas y que no pagarán ni un centavo por las multas que les hicieron por cometer infracciones a la Ley y por tener los trabajadores en negro".

Bernard sostuvo que "esto es un atropello a la verdadera misión que se debe tener, de propender a la registración laboral" y que "no se puede purgar inescrupulosamente, lisa y llanamente a infractores, que fueron multados por muchas cosas diferentes y a quienes hasta los sacaron del Padrón de Infractores, especialmente si es porque nunca la registraron a sus trabajadores".

Reclamo "a los organismos que no se cometan estos errores, para que todas las organizaciones que tendemos a las regularización de los trabajadores, tengamos un mismo sentido de trabajo, que es regularizarlos y a quien no cumple con la Ley, sancionarlo".

San Juan, 1º en Cuyo

Como dato preocupante, Bernard dijo que "en el área de la producción, por ejemplo en el ajo hay trabajo infantil y trabajo en negro por doquier" y que "las cifras tenemos, distinguidas por actividad, podemos decir que hoy el sector de chacareros y fruti-hortícola, es el sector en el que mas trabajo informal detecta en la provincia y según un diario nacional, en todo Cuyo, San Juan es la provincia que mayor trabajo en negro tiene".

Recordó que "cuando se hizo fiscalización de parte del RENATRE, los productores se amotinaron y hasta sufrimos lesiones personales y físicas en los autos, porque de alguna manera necesitaban evitar el proceso de registración para poder seguir con el negreo de trabajadores".

Agregó que "los mismos productores ahora se quejan porque dicen que la Asignación Universal por Hijo ha hecho que se les vayan los trabajadores y eso es porque reciben la asignación porque cada trabajador que la recibe, es porque ha estado siempre en negro y no la quiere perder porque no sabe lo que es estar en blanco".

En ése sentido, Bernard advirtió que "para los trabajadores, si estuvieran registrados, sería mucho mas conveniente seguir trabajando porque así cobrarían los 180 pesos por hijo, es decir que cobrarían mas, ya que la asignación es menos que eso y no necesitan seguir trabajando en negro, sin obra social, jubilación y los otros beneficios que tiene un empleado registrado".

El problema se agudiza mucho mas dentro de la actividad rural, en épocas de cosecha o de recolección de los frutos, lo que obliga a que se deben redoblar los esfuerzos a los fines de lograr la regularización de todos los trabajadores . "Con éstas leyes permisivas, esos esfuerzos son en vano, porque como obligamos o sancionamos a un empleador a blanquear, se sabe que después viene una Ley que lo salva de las multas".