“Siempre hemos sostenido que los recursos naturales estratégicos deben estar bajo el control del Estado y que YPF, como empresa de bandera más importante del país, nunca debió ser privatizada. Desde que los presidentes radicales Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, junto al General Enrique Mosconi crearon YPF en 1922, la empresa nacional fue un ejemplo en América Latina y un motivo de orgullo para todos los argentinos”, señaló el radical.

Y haciendo un poco de historia mencionó: “En 1964 el presidente Arturo Illia denunció y anuló los contratos de concesión firmados con empresas extranjeras sin aprobación del Congreso. Durante la gestión de Raúl Alfonsín se logró el autoabastecimiento en materia petrolera y se llevaron a cabo las últimas inversiones serias e importantes que realizó el Estado en el sector energético”.

“La privatización que llevó a cabo el ex presidente Carlos Menem en 1992 encontró la firme oposición de la UCR”, dijo a la vez que explicó: “vender YPF era abandonar una insignia de nuestra soberanía que ayudó a crear petroleras estatales en Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, países a los que nuestros técnicos iban a brindar asesoramiento”.

“Cuando se privatiza y desregula la política petrolera, YPF era una herramienta natural del estado argentino para controlar la actividad privada donde todos eran sus contratistas. No solo significó una enorme lesión al patrimonio nacional y una afrenta a nuestra soberanía, sino que fue calificado internacionalmente como un procedimiento despiadado y salvaje, que implicaba la transferencia de activos en explotación a costos muy inferiores a los reales”, precisó Rozas.

En este sentido, aseguró que esta coherencia histórica del radicalismo “ha sido muy beneficiosa para el desarrollo de YPF. Así se logró el autoabastecimiento y las inversiones genuinas en el sector, como los últimos gasoductos que se realizaron durante la gestión de Alfonsín”.

Por el contrario, criticó que “las políticas que ha implementado el justicialismo han sido erráticas para el patrimonio nacional y han frenado el desarrollo energético. Provocaron graves retrocesos tanto en exploración como en explotación petrolera con las consecuencias que vivimos hoy y seguirán en el futuro”.

La época de Menem

Siguiendo con el relato sobre la historia de la Argentina respecto a YPF señaló: “A poco de asumir Menem lanzó los tres primeros decretos de desregulación petrolera y empezaron a entregarse áreas de YPF a los privados. Con ellos el estado resignó su política, sus bienes y sus ingresos. En 1992 fueron la caja del gobierno, y no los intereses de la Nación, los verdaderos paradigmas en juego para decidir la privatización de YPF, que Néstor Kirchner apoyó de forma expresa. Venía de aplicar en Santa Cruz un duro ajuste que rebajó los salarios públicos y las jubilaciones en un 15% y la privatización le dejó más de 600 millones de dólares en las arcas de su provincia”.

“Ahora estamos sin reservas, sin producción, sin construir un metro de gasoducto nuevo desde el gobierno de Alfonsín, sin ninguna obra hidroeléctrica nueva, salvo levantar la cota de Yaciretá. El gobierno nacional alega que tomar el control de YPF será crucial para lograr el autoabastecimiento de gas y petróleo que se perdió en los últimos años, pero no explica si habrá un plan estratégico y una nueva política energética”.

“El secretario de Energía Daniel Cameron fue designado el 29 de mayo de 2003 y sigue hoy en su cargo. Tiene responsabilidades directas en la actual pérdida de reservas y ausencia de exploración. El reparto de subsidios, la transferencia al exterior de cuantiosos dividendos y la importación de combustibles, son una responsabilidad directa del actual gobierno, y este hecho de la nacionalización no lo exime de esa responsabilidad. Ahora se habla de vaciamiento de YPF. Se impone entonces, como piden nuestros legisladores, crear una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de REPSOL y de PERTERSEN ESKENAZI en la administración de la empresa”.

Sin embargo, consideró: “YPF ya no es la de antes. Solo tiene un 30 y tanto por ciento del mercado de hidrocarburos. Hay otras empresas concesionarias del 66% de los yacimientos como Chevron, Total, Petrobras y Pan American Energy, que hicieron lo mismo que Repsol. Por ello la discriminación es el punto más endeble del proyecto de Ley”.

“Sin atropellos y arrebatos, con más tiempo y menos ruido, debió encararse un proceso de negociación que incluya a todos los protagonistas y que contemple las acreencias a favor del país por incumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas. Entiendo que el Estado podría asociarse con esas empresas, pero deberíamos recuperar primero los yacimientos y cambiar la clase de contrato. Con los contratos de concesión las empresas privadas se llevan todas las ganancias y deciden lo que van a hacer”, consideró Rozas.

Contratistas

Para el radical se debe hacer como Brasil o Bolivia “y convertir a todas las empresas privadas en contratistas. Que saquen el petróleo y se lo entreguen al Estado para poder así recuperar la soberanía energética. También es necesario crear un mercado único de combustibles que garantice el volumen para todas las estaciones de servicio, eliminar cupos y establecer un precio único teniendo en cuenta las distintas regiones del país”.

“El estado debe planificar la generación y distribución de energía para garantizar el abastecimiento a la población y en particular al sector productivo. Hace falta un cambio de política. La recuperación parcial de YPF no alcanza ni resuelve la crisis energética que estamos atravesando en el país. La caída de las inversiones y la falta de descubrimiento de nuevos yacimientos son comunes a todas las petroleras. No se puede atribuir esta decadencia solamente a REPSOL YPF”, entiende Rozas.

Y apunta: “Si toda acción oficial en materia energética se va a focalizar sobre YPF, no estaremos asumiendo los problemas estructurales que se insertan en una crisis energética de proporciones, incubada durante años y que nos llevara a un verdadero descalabro”.

Responsabilidades

En este punto, Angel Rozas opina que el relato del gobierno “pretende descargar fuera de sus propias filas toda responsabilidad de la crisis, sin asumir ni explicar cómo influyó la política oficial y porque se llegó a este punto. Pero a poco andar veremos las consecuencias en el Tesoro y en las tarifas de electricidad, de gas y combustibles, que afectan a las industrias, comercios y casas de familia, porque como decía el General Perón: “..la única verdad es la realidad..”

Y la realidad “nos impone ahora producir y explorar para producir más, con una verdadera política de estado en materia energética. Será impostergable aumentar la producción de gas y petróleo con un modelo estatal de gestión de YPF que debe ser eficaz, transparente y eficiente para no dilapidar más el tiempo ni los recursos públicos y los ingresos de los argentinos”, señala.

No a los monopolios

Asimismo sostiene: “Reiteremos hoy todo lo que históricamente hemos planteado los radicales. No dejar que YPF caiga en manos de monopolios extranjeros por vía de asociarse en perjuicio del interés nacional. Las empresas públicas esenciales deben estar en manos del Estado y bajo control efectivo, como hicimos durante mis gobiernos en el Chaco, en medio de una ola privatizadora que arrasaba el país”.

“Algunos que jugaron a favor de esa marea –a quienes el pasado los condena- aducen ahora en su defensa que se trató de una marcha imparable del neoliberalismo en América Latina, pero ni Brasil, ni Colombia, ni México entregaron su patrimonio petrolero”, agrega.

“Hay otras cosas con las que no concuerdo del proyecto oficial, como eximir del control de la Auditoría General de la Nación a la nueva YPF. Los controles nunca son malos, siempre ayudan. Por último, YPF debe ser también una empresa auténticamente federal, con la participación de todas las provincias y la Nación”, explica Rozas.

Por último argumenta: “Las reservas y el patrimonio de la empresa se ganaron durante años con impuestos que pagamos todos los argentinos, y los chaqueños debemos tener lugar donde se decida el futuro energético de nuestra provincia y de nuestra región”.

“El fondo sojero se distribuye entre todas las provincias argentinas, incluso en las que no se siembra, entonces porque no distribuir también las retenciones y ganancias provenientes de una empresa nacional como YPF”, agregó.