El de hoy probablemente sea el último día de Patricia Beltrán de Salido como contadora general de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Según confirmaron a LA GACETA altas fuentes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, el intendente Domingo Amaya emitiría hoy un decreto mediante el cual separaría del cargo a la funcionaria. Y, de ser así, el órgano deliberativo, que tiene previsto sesionar hoy, desde las 9, incluiría sobre tablas el tratamiento de ese instrumento público y le daría el correspondiente aval.

Las funciones del contador general de la Municipalidad son establecidas por la Ordenanza Fiscal. Sintéticamente, el funcionario (a quien designa la intendencia con acuerdo del Concejo) se encarga de observar las operaciones financieras y ejerce un control previo sobre las contrataciones y las enajenaciones de bienes y de servicios. Si se opone, el jefe municipal y el secretario de Hacienda pueden insistir y hacer el pago, pero bajo su responsabilidad patrimonial.

Precisamente, los problemas entre la contadora general y la intendencia se remontan a 2009, cuando ella se negó a avalar un pago adicional de $ 1,3 millón a la firma 9 de Julio por la limpieza de Campo Norte. La profesional aconsejó que, en el futuro, se llamara a licitación. El oficialismo argumentó que Beltrán de Salido había convalidado idéntica operación en 2008. Luego, Amaya decretó el desembolso, con el aval del Concejo.

Después, la contadora pidió licencia por razones de salud. En ese interín, ella denunció que colaboradores suyos habían sido removidos y que habían cambiado la cerradura de su despacho.

Beltrán de Salido se reincorporó este año a sus funciones y un nuevo foco de conflicto estalló a propósito de la Cuenta de Inversión 2009, es decir, del informe sobre todos los ingresos y egresos del erario municipal durante ese año.

El Departamento Ejecutivo remitió ese estudio al Concejo, pero no estaba incluido el dictamen de la Contaduría General, según denunció en el recinto el concejal de FR, Claudio Viña. El edil amayista Christian Rodríguez contestó que había un "complot entre contadores", en referencia a Beltrán de Salido y a Viña, porque sólo el bussista tenía esa documentación.

El planteo

Según pudo averiguar LA GACETA, en principio, el oficialismo alegará contra la contadora que ella habría ocasionado un presunto perjuicio a las cuentas municipales, porque supuestamente demoró pagos a proveedores de la Municipalidad capitalina. Según los trascendidos, habría firmas que estarían reclamando una redeterminación de los pagos, alegando el impacto de la inflación durante el tiempo transcurrido. Una de esas firmas sería la empresa 9 de Julio.

Según el artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades (5.529), "el contador general de la municipalidad será nombrado y removido por el Intendente, con acuerdo de dos tercios de votos de los miembros presentes del Concejo Deliberante". Es decir, se necesitará, por lo menos, del voto condenatorio de 12 de los 18 ediles: el bloque del PJ tiene 14 concejales.

De concretarse la remoción, quedará interinamente a cargo del depacho el subcontador general, Osvaldo Armando Varela