Los capitalistas de entonces eran “campechanos”, ayudaban a los del barrio, daban “trabajo”, llevaban zapatillas a los pequeños correntinos en sus campañas de pesca, hacían alguna donación suculenta a la cooperadora de la escuela que lo requería, en fin, “no robaban a nadie”.

Pero por sobre todas las cosas, la quiniela clandestina era “cómoda” porque no requería trasladarse hasta un comercio: estaba en el bar, en la cocina de la escuela o de la fábrica y hasta iba a domicilio.

El imperio de la ley hallaba su grieta en la holganza más básica y en un extraño criterio de “inicuidad” que la ciudadanía había determinado en torno a la práctica de las apuestas.

Sin embargo, el intendente militar, Julio José Zanatelli, que había ganado las elecciones cómodamente, había hecho parte de su campaña contra el juego ilegal argumentando que el juego clandestino era “el primer eslabón de una cadena” que llevaba a la prostitución y a otros delitos mayores.

Tandil, sin apelar a Hegel ni a Marx, fue entonces capaz de resolver la contradicción. Como lo hace habitualmente, mirando para otro lado. Convivió en paz con el intendente “del orden” y con el capitalismo del “desorden”. Tal vez porque nuestra comunidad tiene una gran capacidad para abstraer lo particular de lo colectivo. La ley se materializa cuando una exigencia particular la invoca, o mejor dicho, cuando un beneficio particular se ve afectado.

La discusión el “blanqueo” de los choferes de remises está un escalón por debajo del caso de la quiniela clandestina pero comparte el fondo de la cuestión. Tandil, al igual que ciudad Gótica, entiende el imperio de la ley de una manera muy particular.

Existe una legislación laboral por cumplir que nadie discute en otros ámbitos de trabajo, pero se ha naturalizado que en el negocio de los remises, los choferes pueden estar “en negro” porque así es la naturaleza del negocio.

“¿Si es así desde hace 20 años, por qué joden ahora?”, se pregunta un empresario agenciero aplicando con rigurosidad el manual de estilo local y el antiderecho adquirido. Mientras tanto, la ciudadanía mira como una vaca sigue el auto que se desliza por la ruta. Y piensa: “¡Qué problema! Que lo resuelvan como puedan y quieran pero que por favor no me dejen sin remis a la nena que mañana tiene que llegar a tiempo a la escuela”. Así el derecho ganado a fuerza de incansables luchas se equipara en un segundo con la puntualidad escolar.

El desparpajo llega a que los empresarios pidan seguir teniendo a sus choferes en negro, los choferes no reclamen por sus derechos por miedo a perder el puesto y que un par de funcionarios municipales dejen entrever que “hacer la vista gorda” a la informalidad puede ser una alternativa de solución.

Todo el ambiente sabe que de cuatro autos que funcionan como remises, uno es propiedad de la agencia que lo maneja. Y que las agencias grandes tienen cerca de medio centenar autos propios circulando. Y que las suculentas ganancias que consiguen las logran, entre otras cosas, porque tienen a los choferes en la informalidad, privados de un aporte jubilatorio y de un obra social.

Y también buena parte del ambiente sabe que no son pocos los políticos locales que tienen autos trabajando en agencias y que, por este mismo motivo, no podrían estar ni cerca de la discusión de este problema donde son “arte y parte” del problema.

Ya que como se sobreentenderá, los funcionarios en cuestión no están al volante de las unidades, sino que comparten la acusación de informalidad que se critica a los empresarios mientras ellos personalmente “se ocupan” de velar por el cumplimiento de la ley.

Las alternativas están, pero habrá que dar pelea igual porque ningún negocio rinde tanto como el negocio ilegal. Ningún trabajador rinde más que el que no recibe lo que tiene que recibir. Ningún negocio es tan redituable como el que no tributa.

Nación ofreció subsidiarle el 50 por ciento de los aportes patronales por el primer año y el 25 por ciento, para el segundo año. Mientras que Provincia hizo lo propio con un plan para “empresas en crisis” que le subsidiaría parte del salario (hasta 1100 pesos). Así, existe la alternativa económica para no afectar a trabajadores y a propietarios de autos, pero los agencieros no están dispuestos ceder los “antiderechos” consuetudinarios.

En contraparte: la extorsión. Las agencias y propietarios amenazan con echar gente. Amenazan con no responder a la demanda. Y el falso dilema del mal menor: es preferible un empleado en negro a un desocupado.

Pero este dilema se diluye rápidamente porque hay dos instancias de gobierno que ya han ofrecido herramientas para amortiguar el impacto. Sólo queda la cuestión de forma. Allí deberán parapetarse las autoridades comunales más allá de los intereses personales que cada uno tenga en el negocio.