La magistrada estaría emitiendo el decreto con la fecha de remate posiblemente en el transcurso de la próxima semana, con una base que se fijará entre los 6 y 7 millones de pesos. Ésta es, al menos, la cifra que se analizó ayer en la audiencia y marca una considerable diferencia con la anterior tasación base de 3,9 millones de pesos, objetada por los abogados del municipio a cargo de Félix Casas Doering (FCS).

Para llegar al nuevo valor, se tomó en cuenta la cifra previa y se le agregó el cálculo estimativo de ganancias a futuro del albergue que actualmente está concesionado por 20 años al empresario Guillermo Madina. En el camino quedó descartada una pericia contable elaborada por la contadora Lidia Acevedo, que había estimado el valor del inmueble en casi 32 millones de pesos, tras analizar ingresos y egresos de la hostería durante el período de concesión.

El intendente Casas Doering trató de dialogar para evitar el remate, pero admitió la imposibilidad financiera de la comuna de afrontar el costo actual de la indemnización, que originalmente era de 187.000 pesos y que por la negativa del municipio a pagar, creció hasta hacerse millonaria.

El jefe comunal recordó que había un compromiso del Gobierno provincial de realizar un aporte económico para cubrir el resarcimiento y con esto asegurar que el inmueble quede en propiedad del municipio ambateño. Sin embargo, la jueza Rojas de Cutuli y los asesores legales de los demandantes hicieron notar que ese compromiso fue apenas verbal y no había ningún documento que lo formalizara.

Ante esta situación, la magistrada decidió no postergar más la subasta y sólo resta que emita el decreto con la fecha y la base definitiva.

Casas Doering, al igual que sus antecesores en el cargo, no pudo dar una solución a la causa que significará para el municipio perder un edificio que supo concentrar durante décadas la movida de la principal villa turística de la Provincia.

En total, cuatro gestiones municipales y ocho abogados por parte de la comuna tuvo la causa, sin que el tema se haya podido resolver.

La indemnización que debe pagar la comuna de El Rodeo es consecuencia del juicio que inició la familia de Miguel Heredia, quien murió en 1997 al chocar con su vehículo contra un caballo en un tramo sin iluminación de la ruta provincial Nº 4.

La investigación del accidente arrojó que Heredia no habría podido divisar el animal por la falta de luz cuyo mantenimiento era responsabilidad del municipio. Por ello, la familia accionó contra la comuna.