La propiedad del terreno donde se encuentra ubicada la escuela perteneció a una empresa constructora de Tucumán, si bien en el año 1975, antes de que se construya la unidad escolar se realizó la expropiación del terreno, los trámites no se continuaron y hoy ponen en riesgo el futuro del establecimiento escolar y de un predio de utilidad de los vecinos del barrio.

Juan Pau, uno de los vecinos e impulsores de la regularización de estas parcelas, comentó a El Ancasti que el litigio por el espacio se inició aproximadamente en 1963, año en que se inició la construcción del barrio 9 de Julio, de allí en más, sucesivos intentos por regularizar la situación no tuvieron éxito.

En 1970 se produjo la toma del barrio por parte de los preadjudicatarios. La construcción había sido encaminada por la Cooperativa de Viviendas 9 de Julio SRL con domicilio en Tucumán, que representaba a los preadjudicatarios que habían obtenido un préstamo del BIT. Previamente la empresa Rodríguez Drago, una constructora de Tucumán, había adquirido un predio que es donde está actualmente el barrio 9 de Julio. Esa compra la hizo a la sucesión Jalil, en 1963. Cuando la cooperativa aceptó representar a los preadjudicatarios, Rodríguez Drago le vendió esa fracción de terreno a esta nueva cooperativa, que a su vez le adjudicó a Rodríguez Drago la construcción de las viviendas.

Posteriormente la cooperativa fue intervenida e ingresó en período de liquidación por parte del Ministerio de Bienestar Social de Tucumán.

Mientras la empresa construyó el barrio dejando sin utilizar la fracción que se denomina manzana J, donde actualmente se ubican la escuela, el predio deportivo y el terreno en el cual se construye el centro vecinal. Ante la situación, la cooperativa transfiere a Rodríguez Drago esta fracción, pero paralelamente la empresa se da en quiebra y abandona la construcción del barrio.

El 5 de noviembre de 1970 los preadjudicatarios tomaron el barrio, hecho que se pasó a conocer como "la toma del barrio", que se celebra en la fecha mencionada desde hace 41 años. El hecho costó la detención del presbítero Ángel Custodio Oviedo, vecino del barrio y ex presidente de la Comisión, a raíz de la toma del conglomerado, posteriormente, esa comisión gestionó la continuidad de la construcción.

A raíz de las gestiones, la comisión consiguió un préstamo del Ministerio de Educación para la construcción de una escuela en esa manzana que estaba desocupada y que se creía que correspondía al barrio. Ante la posibilidad se solicitó la liberación del terreno para la construcción de la escuela, pero no fue posible. Eso llevó a la comisión a gestionar en las cámaras legislativas de ese entonces una Ley de Expropiación que se consiguió y fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de agosto de 1975, firmada por el entonces gobernador Hugo Mott.

A raíz de la ley, Arquitectura de la provincia inició los trámites de planificación para la ejecución de la escuela, cuya construcción se adjudicó a la empresa Vargiu.

La escuela fue inaugurada en noviembre de 1982 por el gobernador de la provincia Arnoldo Castillo. Lo más curioso es que las autoridades que encomendaron la construcción de la escuela nunca llegaron a sanear los títulos.

Ante el incumplimiento de los pasos legales posteriores a la expropiación, en 1994 el centro vecinal presentó una nota al gobernador Castillo solicitando que se realizara el saneamiento de títulos, ya que ni siquiera había sido inscripto provisoriamente en Catastro o en el Registro de la Propiedad, pero no se hizo nada.

"Actualmente el expediente que iniciamos en 1982 aun duerme en Fiscalía de Estado", dijo Pau. El centro vecinal inició un juicio de prescripción adquisitiva de dos fracciones, una que iba a ser destinada a la sede social que esté en proceso de construcción y que ya tiene título de propiedad, para lo cual obtuvo un fallo favorable, no así la fracción donde actualmente el centro vecinal tiene una cancha de fútbol, a razón de que el abogado que patrocinaba a los vecinos no cumplimento la documentación. De esta manera lo único que pudieron rescatar los vecinos fue una fracción donde se construye el centro vecinal, que quedó expuesto a lo peor, que hoy se concrete el remate del predio donde se encuentran la escuela y la cancha.

A pesar de la insistencia por conseguir información, El Ancasti no pudo lograr hablar ni con el ministro de Educación Mario Perna, ni la subsecretaria de Educación, Cristina Sosa de Narváez, y tampoco con el Fiscal de Estado, Simón Hernández.