El ministro Gabriel Gastaminza firmó el convenio con Nación para habilitar el censo. El relevamiento está detenido desde 2006. Con la firma del convenio se reactivó el mecanismo. Fue en Buenos Aires, con Alicia Kirchner y con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
El ministro de Coordinación, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, y el fiscal de Estado Raúl Gaitán firmaron el acta junto al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y loncos representantes del Consejo de Participación Indígena acompañaron la actividad.
Acuerdo
El convenio establece la conformación de una comisión ejecutora interjurisdiccional con dos representantes de la provincia y dos del INAI. Deberá aprobar la metodología y el programa para la implementación del relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la Ley 26.160.
La realización del censo se remonta a 2006, cuando la normativa nacional declaró en emergencia las tierras en conflicto con privados y suspendió los desalojos judiciales. Como solución de fondo, se planteó la realización del relevamiento jurídico catastral de las tierras ocupadas por comunicades indígenas. Sin embargo, el gobierno provincial y el nacional no se habían puesto de acuerdo para implementarlo, a tal punto que Neuquén fue la última provincia en sumarse a los convenios. En paralelo, los conflictos entre comunidades mapuches y propietarios de tierra privada se agudizaron.
Tierras en conflicto
El convenio firmado ayer establece que sólo se relevarán las tierras que las comunidades indígenas ocupan en forma "tradicional, actual y pública". También se estudiarán los títulos de propiedad de los privados.
Para poner en marcha el censo se creará un equipo técnico operativo (ETO) integrado por un representante designado del Poder Ejecutivo provincial, uno por el INAI, técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional y cinco loncos en representación de las comunidades. La Comisión Ejecutora Interjurisdiccional, conformada por el INAI y la provincia, oficiará de instancia superior para resolver, de común acuerdo, cualquier conflicto que surja durante el censo.
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