Reconoció avances en materia de legislación sobre tenencia de tierras, pero reclamó un mayor esfuerzo de las instituciones para que estas normas se apliquen en su totalidad
"Reconozco que algunas situaciones están siendo atendidas, pero estos avances deben ser fortalecidos, y para ello las instituciones nacionales y provinciales deben dar mayor prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas y dar respuestas que se adecuen a los estándares internacionales", dijo en conferencia de prensa en Buenos Aires luego de su visita a varias provincias del país, entre ellas Formosa.
Se trata de la primera visita al país de un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para indagar sobe el tema y elaborar un informe que será divulgado el año próximo.
Al brindar un adelanto de su contenido, Anaya consideró que existe en Argentina "falta de información" sobre los derechos indígenas y, en ese sentido, recomendó "capacitar a funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional y provincial en las normas nacionales e internacionales" sobre la materia, sobre todo "en su aplicación en casos relacionados con temas tales como los derechos a la tierra y recursos naturales de estos pueblos", dijo.
"El Gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personería jurídica de las comunidades", instó el relator.
El relator especial sobre Asuntos Indígenas de la ONU se refirió a "los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas".
El especialista detalló que "estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución Argentina de 1994 y la Ley 26.160 de 2006, que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas".
El representante de la ONU admitió que "otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas".
En ese sentido, reclamó mayor participación en las decisiones para los indígenas al advertir que en muchos casos se trata de actividades económicas que afectan la salud y el medio ambiente de esas comunidades.
"Es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que los afectan", dijo.
También admitió que "en general, las condiciones de salud de los pueblos indígenas son inferiores" al resto de la población y consideró "esencial que los pueblos indígenas tengan acceso a la educación adecuada con programas de educación intercultural bilingüe".
En su estadía de diez días en Argentina, Anaya se entrevistó con representantes de comunidades indígenas del noroeste del país, así como con autoridades nacionales y provinciales para relevar la situación de los pueblos originarios.
En Argentina hay 1,5 millones de personas que integran 19 pueblos originarios, sobre una población total de 40 millones, según datos de ONG.
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