Lo único que nosotros queremos es volver a nuestras cátedras, a nuestro trabajo”, dicen al unísono los profesores Florencia Naudy, Martín Tessi y Rubén Morales. A los tres los une el ejercicio de la docencia en la Universidad del Salvador y la curiosa situación de haber sido despedidos al intentar afiliarse al Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP.

Todo comenzó hace dos años cuando un grupo de 40 profesores de esa universidad decidieron acercarse en pequeños grupos al sindicato para buscar información y el gremio les ofreció la afiliación. El 26 de mayo de 2011, una vez comenzado el ciclo lectivo, el sindicato envió a la Universidad del Salvador, las fichas para constatar que los profesores Naudy, Tessi y Morales, trabajaban allí. Quince días después, la casa de estudios le devolvió tres carta documento a los tres docentes en las que los declaraba despedidos sin causa.

“Nosotros no podíamos considerarnos despedidos y recurrir a un abogado porque de esa manera jamás volveríamos a dar clase. No habíamos cometido ningún delito, estábamos los tres muy tranquilos. Sólo queríamos volver a dar clases”, explicó Morales.

Fue cuando decidieron envíar telegramas para rechazar el despido por “falso y malicioso” por ser una persecución sindical en represalia a la afiliación, violatoria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza la libre agremiación.

Desde entonces y hasta hoy, los docentes realizan enormes esfuerzos por intentar recuperar sus horas de clase. Sus colegas y alumnos de la universidad juntaron firmas, abrieron grupos de apoyo en redes sociales, realizaron actos en la calle, clases públicas y hasta montaron un estudio de radio en la misma vereda de una de las facultades. Los tres profesores fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumatto, por el titular de la Comisión Nacional de Lucha contra la Impunidad, Rodrigo Ferreirós y por el diputado nacional Héctor Recalde quien llevó el caso a una Audiencia Pública ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo y a pesar del fallo que la justicia emitió el 15 de febrero de este año e impuso una sanción a la universidad del pago de 3000 pesos diarios mientras continúe incumpliendo la orden del tribunal, los profesores continúan sin ser reintegrados a sus labores.

A principios de mayo los docentes se presentaron a dar clases pero no les fue permitido pasar a las aulas. El abogado de la USAL, Horacio Annecca, les aseguró que transmitiría sus inquietudes al consejo directivo. Naudy, Tessi y Morales, todavía esperan su llamado.