El gobierno quiere darles más seguridad a los pasajeros que suben a los vehículos que no cumplen con la normativa vigente.
Los reiterados conflictos planteados por remiseros en cuanto a licencias otorgadas, el mercado negro de alquiler de licencias, los hechos policiales y accidentes registrados con autos ilegales llevaron al gobierno a rediscutir la ley que contempla al sector. Por eso desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, que conduce Daniel Campos, de quien depende la Dirección de Tránsito y Transporte, se está trabajando en lo que esperan se convierta en proyecto de ley antes de fines de año.
El objetivo es brindar garantías a los trabajadores y a la comunidad que utiliza el servicio ilegal sin saber el grado de peligro al que se encuentra sujeta. El funcionario explicó que la idea es darle “valor de negocio” a la licencia para facilitar el acceso al recambio de movilidades, pero reconoció también que de existir un mercado negro de licencias, que se blanquee con la participación del Estado.
“No tenemos comprobado el alquiler de licencias pero es de dominio público que existe. Por eso la idea es que la licencia tenga algún valor de negocio controlado por el Estado. Esto posibilitará que al pedir un crédito para renovar la movilidad la licencia sirva como aval en el banco. Pero también que se blanquee si hay un mercado negro de licencias”, aseguró Campos.
En San Juan hay 1.000 licencias de taxis y 400 de remises habilitadas. Si bien Tránsito y Transporte no tiene registro de los ilegales, el Sindicato de Peones de Taxis y Remís maneja un número de por lo menos 800 remises ilegales. Estos remises truchos, además de no estar encuadrados, carecen de seguro para los pasajeros.
Desde el sindicato de los choferes ven con buenos ojos esto de rediscutir la legislación y más aún blanquear el alquiler de licencias. “Estamos de acuerdo con que el gobierno tome cartas en el asunto porque hay que blanquear muchas cosas. No puede ser que exista un mercado negro y uno legal que termina oprimiendo al trabajador”, dijo el secretario general del Sindicato
de Peones de Taxis y Remís, Nelson Matus.
Alquilar un auto con combustible, licencia, tarifador y la frecuencia cuesta $400 aproximadamente. Este valor obliga a quien alquila a correr por las calles en busca de pasajes para alcanzar ese importe y lograr que le quede una ganancia. Esta realidad produce un enfrentamiento permanente de choferes que corren por el pasaje y ponen en riesgo a quienes llevan y a los que circulan
por las calles.
Los requisitos
Si bien está la decisión política de solucionar el tema, por el momento no hay mayores definiciones sobre cómo sería la implementación. De todos modos se habla de requisitos que los protagonistas deberán cumplir, entre los que resaltan seguros, registros laborales, antecedentes y otros puntos que hacen a la legalidad del trabajador y seguridad del pasajero.
En este contexto el sindicato espera ser convocado para discutir el tema porque entiende que hay más irregularidades que discutir, referidas a las condiciones de trabajo de los choferes.
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