También recordó, según se informó a través de un comunicado de la cartera de Justicia, que “a 28 años del regreso de la Democracia, 32 represores siguen prófugos de la Justicia”. El texto precisó que desde diciembre de 2007 y octubre de 2011 -tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- el número de represores condenados aumentó de 41 a 243. Según estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos, durante 2011 -hasta el mes de octubre- habían finalizado en el país “12 juicios por delitos de lesa humanidad en los que se condenó a 53 personas, 43 de ellas por primera vez”. Los juicios en los primeros diez meses de este año se llevaron a cabo en las jurisdicciones de Mar del Plata, Tucumán, San Martín, Resistencia, General Roca, Corrientes, Mendoza, Salta y 4 procesos en la Ciudad de Buenos Aires. En otro orden, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacó el funcionamiento de la “Unidad Especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia”, que está en la órbita de la cartera y que se creó en mayo de 2008. La revisión del accionar del terrorismo de Estado durante la dictadura a través de los juicios de lesa humanidad se incrementó cada año hasta llegar a 2011 con el mayor número de imputados sentados en el banquillo de los acusados, aunque desde el Ministerio Público Fiscal advierten que esa tendencia “no debe llevar a una actitud conformista”. Así lo señaló su coordinador, Pablo Parenti, quien analizó la evolución de los procesos judiciales desde que el organismo se creó en 2007, y al respecto sostuvo que la tendencia que se ratifica cada año “genera una sensación de proceso institucional consolidado, con dificultades pero con resultados tangibles”. “El 2010 fue un punto de inflexión, en el que se pudieron concretar muchos juicios y se duplicó la cantidad de condenas desde el regreso de la democracia: se pasó de 98 a 196”, remarcó. A pesar de que la tendencia se mantuvo durante este año, advirtió que “debe servir pero no para tener una mirada conformista, porque aún falta mucho por hacer”. “Hoy quizás un juez tiene una causa enorme para tramitar y no se prenden las alarmas tan rápido como antes, porque se supone que aunque se demore, se llegará al juicio oral, pero no es así, falta apurar la instrucción de muchas causas y todavía hay una gran dificultad en que los juicios se hagan rápido”, puntualizó. Según Parenti, “todavía muchos jueces no entienden la urgencia de que esto se resuelva rápido, estamos en tiempo de descuento y hay causas que todavía no fueron evaluadas”, y puso como ejemplo la jurisdicción de La Plata, la primera que juzgó a los represores tras la anulación de las leyes de impunidad y que -opinó- “quedó estancada”. En otro orden, Parenti cuestionó “la falta de órganos de gestión que nos enfrenta con un sistema que no tiene respuestas frente a situaciones de gestión” y enumeró, entre ellas, la tarea de “fijar la agenda del tribunal, el lugar de los juicios, y el control de los plazos”. Para el funcionario, desde la puesta en marcha de la Unidad encabezada por Jorge Auat se encontraron “dificultades en la administración de justicia que debimos exhumar y que trascienden las mismas causas”, en una tarea que se complementa con otras medidas tomadas por el Ministerio Público Fiscal para allanar el camino de verdad y justicia y acelerar los juicios a los represores. “Creo que los juicios por terrorismo de Estado van a dejar un aporte trascendente en la administración de los procesos judiciales porque remueven cuestiones ocultas, historias que aparecen soslayadas en la administración de la justicia y que nosotros nos encargamos de seguir muy de cerca”, opinó el fiscal. Parenti explicó que si bien el Ministerio Público contaba desde antes de 2007 con grupos de trabajo en distintos puntos del país que se dedicaban a causas de derechos humanos, con la conformación de la Unidad se logró focalizar un trabajo que “generó un fortalecimiento institucional muy grande”. “No fueron planes autistas, consensuamos con querellas, organismos de derechos humanos y funcionarios judiciales, pero tuvimos que tomar un liderazgo y definir”, dijo al referirse a la tarea de un equipo de 18 personas, más los grupos que trabajan en algunas provincias. “Uno de los principales problemas para atacar fue la dispersión de las causas y con el proceso en marcha tuvimos que priorizar los juicios más avanzados”, explicó. Para Parenti, fue determinante “definir pautas de actuación a nivel procesal y actuar sobre la acumulación de causas”, y resaltó la implementación de la instrucción 1308 del Procurador General de la Nación, donde se fijaron reglas para todo el país que fueron adaptadas según cada región. En ese aspecto, el fiscal señaló que los juicios actuales “empiezan a reflejar el trabajo de unificación, con más acusados y más casos” y adelantó que en 2012 “ingresarán grandes juicios”, como La Perla, en Mar del Plata, y en la jurisdicción de Tucumán. En el debe de los juicios, la Unidad resaltó que desde 2008 y hasta la fecha la cantidad de condenados se cuadruplicó, aunque el déficit aparece con sólo un 20 por ciento de casos con condena firme, y que eso sucede “a pesar de que el código procesal establece plazos y procedimientos, que están vencidos en la Cámara de Casación”. Con respecto a los primeros juicios realizados en 2005, el coordinador de la Unidad detectó que en la actualidad “existe más proclividad de los testigos de declarar cuestiones que antes estaban más ocultas, como los delitos sexuales y la complicidad civil y judicial con el terrorismo de Estado”. “Hoy también podemos hablar de vínculos entre el terrorismo de Estado y la administración de justicia que antes no se visibilizaba”, señaló al referirse a casos recientes como el del juez mendocino Otilio Romano. Para Parenti, otro obstáculo que frena la marcha de los juicios lo constituyen “las reacciones corporativas, que son muy dañinas y que aparecen cuando se ejerce un control sobre las acciones de los funcionarios judiciales”. En ese sentido, el fiscal calificó como “ineficaces” algunos métodos procesales que conforman “una maraña judicial y colaboran para que las cosas no se solucionen”. “Es difícil cambiar prácticas arraigadas y toleradas por el sistema. Todavía hay mucha tolerancia y no existen mecanismos claros de rendición de cuentas y de evaluación de la gestión de funcionarios”, precisó al centralizar el problema en “la falta de un modelo de gestión en el que el Poder Judicial tenga como misión administrar justicia, pero no sobre las pautas que a un juez le parezcan”. Sobre ese tema, el representante del Ministerio Público agregó que “muchas veces nos encontramos con que cualquier cuestionamiento se siente como un ataque y eso molesta, obteniendo respuestas corporativas que no permiten mejorar el sistema”. Frente a esa situación, Parenti ponderó que “hoy los funcionarios judiciales tengan que dar respuesta y rendir cuentas, porque el hacer visible los problemas hace que queden en la memoria colectiva como práctica instalada”, y celebró que el Poder Judicial “esté saliendo lentamente del oscurantismo”. Sobre los juicios que se llevan adelante en todo el país, Parenti reconoció un esfuerzo en la disposición de los fiscales que “en general son más activos”, y por otro lado, expresó su inquietud “porque a veces se generan relaciones conflictivas con algunos juzgados” que, sin embargo, “no alteran nuestros objetivos”. En el balance, el fiscal destacó “el protagonismo del Ministerio Público Fiscal en las causas por delitos de lesa humanidad y la capacidad de identificar obstáculos que no estaban correctamente diagnosticados”. “Eso, más el trabajo con otros poderes del Estado, significaron un aporte importante en la búsqueda de soluciones”, dijo al referirse a la Comisión Interpoderes que reúne a representantes de la Cámara de Casación, Poder Ejecutivo y Legislativo. También se refirió a la situación de Jujuy, donde aún no se ha concretado ningún juicio por delitos de lesa humanidad, a pesar de cargar la provincia con una causa emblemática como “La noche del apagón” en la ciudad de Ledesma, donde fueron secuestradas unas 300 personas, de las cuales 30 permanecen desaparecidas. “El caso de Jujuy es muy serio, la gente allí está muy sola y tiene sensación de abandono porque no puede lograr que se nacionalice el problema y se tome conciencia de que allí no existe justicia”, admitió Parenti sobre las demoras para llevar a juicio oral las causas a pesar de los documentos de la Unidad denunciando la situación. Mientras que el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, Jorge Auat, afirmó que los juicios de lesa humanidad “pueden servir de disparador para realizar un cambio de paradigma en el Poder Judicial”. “Los juicios han puesto en crisis a todo el sistema judicial y pueden ser un gran disparador para operar como la chispa que enciende la discusión de las necesidades que existen para cambiar las estructuras en el Poder Judicial”, señaló en diálogo con Télam el funcionario del Ministerio Público Fiscal. Para Auat, el Poder Judicial “necesita una especie de ablación, pero no sólo un cambio de caras, sino de paradigmas” y cuestionó a los jueces “que se resisten a ese cambio porque padecen los viejos vicios que hoy repercuten en las causas y a la vez, tocan las estructuras de poder”. Según el fiscal general, el Poder Judicial “está encerrado, no abre las ventanas y entendió mal el discurso de la despolitización y al defender el concepto de independencia judicial, se pone al servicio de los peores intereses”. “Al crearse la Unidad, pensamos que estábamos en condiciones de avanzar luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero nos encontramos con la impunidad atrincherada en las propias estructuras del Poder Judicial”, puntualizó Auat. En ese marco, agregó que en 2007 “nos encontramos con jueces que lo eran de sus propios pleitos”, y dio como ejemplo las provincias de Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, en las que algunos magistrados están siendo investigados por sus vinculaciones con el terrorismo de Estado. Auat opinó que la complicidad de muchos jueces con el terrorismo de Estado “termina en la complicidad de sus amigos, y de la propia estructura del Poder Judicial y eso genera una respuesta corporativa al problema que hace que se generen dificultades para avanzar”. A la hora de analizar la gestión, el funcionario judicial consideró que “siempre existe un saldo deudor” y señaló que “debemos mantener el compromiso para luchar contra la cronicidad de los trámites judiciales y los jueces que miran para otro lado y no se hacen cargo del reclamo”.