a través del mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y conectividad intra e inter-regional y/o complementando las inversiones y acciones, tanto públicas como privadas, para facilitar el proceso de crecimiento y diversificación económica dentro de los diferentes núcleos y circuitos de actividad económica de las mismas.

El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 1.300 millones de pesos, gestionado por ese organismo para financiar la ampliación de dicho programa que atiende a las provincias que forman parte de la región económica y social más postergada por décadas, de modo de continuar con el desarrollo e integración del Norte Grande mediante inversiones en obras de infraestructura.

Los componentes del programa incluyen: Obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial para alcanzar un nivel de servicio preestablecido según la categoría y el TPDA de la ruta, en tramos ubicados en corredores nacionales y en rutas que conectan polos productivos o ciudades importantes. Implantación de acciones que permitan mejorar la seguridad vial, incluyendo obras prioritarias de demarcación horizontal y vertical, adecuación de pasajes de rutas por centros poblados. Mantenimiento rutinario de los segmentos de la red vial mejorada a través del programa. Acciones de fortalecimiento institucional del organismo ejecutor y los organismos co-ejecutores.

Como informara oportunamente Pregón, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios confirmó que estos objetivos se dan en el marco de la política que el Gobierno de la Nación viene llevando a cabo. “Este programa vial recién aprobado, contribuye a la construcción, mejora y rehabilitación de rutas nacionales y provinciales en las provincias de la mencionada región, permitiendo la conexión de los diversos centros de producción con los mercados locales y externos”, se explicó desde dicha cartera.

El BID es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. Acompaña los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad, esto es lograr el desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima. Fundado en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados mensurables, con una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas. Para ello cuenta con un programa de reformas en evolución que busca aumentar su impacto en el desarrollo de la región. Además de los préstamos, ofrece donaciones, asistencia técnica y realizamos investigaciones. Sus accionistas son los 48 países miembros, incluidos los 26 países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que tienen una participación mayoritaria del BID.

Su Fondo de Operaciones Especiales (FOE) provee financiamiento blando a nuestros países miembros más vulnerables.

Dada su base de accionistas, tiene una sólida posición financiera. Como resultado, el BID está en condiciones de endeudarse en los mercados internacionales a precios competitivos y transferir esos beneficios a sus clientes en los 26 países de América Latina y el Caribe. El BID busca eliminar la pobreza y la desigualdad, así como promover el crecimiento económico sostenible. Apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, y provee asistencia financiera y técnica y servicios de conocimiento en respaldo a las intervenciones del desarrollo. Se enfoca en evidencias empíricas para adoptar decisiones y medir el impacto de estos proyectos, con el propósito de incrementar la efectividad en el desarrollo.

Persiguen “reglas claras”en la distribución

de recursos

“Este año será necesario discutir un régimen de coparticipación municipal”, insistió el diputado radical Pablo Baca, quien viene señalando junto a sus pares de bloque la necesidad de impulsar este debate.

En tal sentido, consideró que habrá que construir en el ámbito parlamentario los consensos necesarios para establecer un marco normativo “que permita a los municipios experimentar mejoras en el acceso a los recursos coparticipables para potenciar la prestación de sus servicios”, acotó.

Las declaraciones fueron efectuadas en una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Cochinoca y que contó también con la presencia del titular del Comité Provincia de la UCR, Mario Pizarro, el presidente del Comité Departamental de esa región de la puna, Godofredo Méndez y los legisladores Alfredo Tinte y Alejandra Martínez.

Baca volvió a señalar la necesidad de avanzar en un debate legislativo para definir un régimen de coparticipación. En ese contexto, apuntó que “entre 2003 y el presente los recursos de la provincia crecieron 10 veces, mientras que los de las municipalidades sólo 5” y añadió que “esto ocurrió en medio de un proceso inflacionario en el que la moneda se desvaloriza para todos”.

Observó que “esta desproporción demuestra la pérdida que han sufrido las municipalidades”. “En verdad, cualquiera sea el análisis que se haga de la evolución de las finanzas provinciales versus las municipales, demuestra que se perjudicó a las comunas”, completó. A fines de ilustrar tales conceptos, el legislador dijo que “la Municipalidad de Abra Pampa resultó especialmente afectada. Históricamente se encontraba entre las de menor coparticipación per cápita cuando se trata de una comuna que tiene que ocuparse de un extenso territorio, con malos caminos, dificultades en las comunicaciones y una población con enormes necesidades”. Recordó que “la Constitución de Jujuy prevé que los intendentes sean elegidos por el voto popular y garantiza la autonomía a los municipios. También establece que la distribución de recursos entre la provincia y las municipalidades se determine por ley”. “Es una disposición que hay que cumplir, para asegurar servicios a los vecinos y también para evitar la concentración de poder en el Estado provincial y la dependencia de las municipalidades. De manera que lo que estamos planteando es justamente que se cumpla con esas disposiciones”, finalizó.