"Sin duda, se trata de un quiebre de las políticas pública respecto a las cooperativas de trabajo que surgieron al calor de la crisis de 2001", dijo a Diario Z Diego Kravetz. El legislador -que cumplió su mandato el 10 de diciembre- es el autor de la ley 4.008 que fue vetada hoy por el jefe de Gobierno. La norma estipulaba una extensión por seis años más de la ley 1529, que declara de "utilidad pública y sujetos de expropiación" a 17 inmuebles donde funcionan empresas recuperadas gestionadas por los trabajadores, entre ellas Maderera Córdoba y Chilavert Artes Gráficas.

En los considerandos, el jefe de Gobierno justifica su veto diciendo que se la norma contiene una "excepción general de expropiación aplicable en el ámbito de la Ciudad". Kravetz aseguró que el gobierno porteño "plantea una discusión técnica, cuando en realidad la ley apunta a salvaguardar la inoperancia del Ejecutivo". "Si la Legislatura dictamina que esos inmuebles son de utilidad pública, el Ejecutivo tiene que efectivizar a través de ciertos pasos administrativos esa decisión; sin embargo, pasaron tres gobiernos -la norma es de 2005- y todavía no se cumplió". La norma, añadió el ex legislador, tapaba el hueco legal hasta tanto el Ejecutivo resolviera la declaración de utilidad pública, tasara a través del Banco Ciudad a los inmuebles y expropiara los mismos.

El veto del jefe de Gobierno genera incertidumbre de cara al futuro de las empresas recuperadas. Es que, según pudo saber este diario, la ley que Macri desestimó brindaba un paraguas de protección estatal mientras se resolvía la situación judicial de cada cooperativa.

Diez años después del estallido social de 2001 que las tuvo como protagonistas de la resistencia obrera, las empresas recuperadas sufren un duro revés por parte del Gobierno porteño.