Regalías: Jorge pidió a sus intendentes que no adhieran

Más de cuarenta intendentes que integran la línea Compromiso Peronista fueron convocados ayer por el gobernador Oscar Mario Jorge para resistir la aplicación de la nueva Ley de Regalías Petroleras, aprobada y ratificada por el vernimos y la oposición en la Legislatura.
Durante una reunión que se desarrolló entre las 20 y las 23.30, Jorge bajó línea a los suyos para que no adhieran a la normativa provincial y aguarden a que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa determine si la legislación es constitucional.

El mandatario instruirá a la Fiscalía de Estado para que presente ante el máximo organismo judicial de la provincia un pedido de inconstitucionalidad de la ley sancionada por Diputados, acompañada por una medida cautelar donde se pedirá que la norma no sea aplicada hasta tanto se determine si es constitucional o no.

El encuentro iba a realizarse a la tarde en la residencia, sobre la Ruta 35, pero finalmente tuvo lugar en el salón de la Fundación Banco de La Pampa, de la calle Pellegrini, en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa. Luis Larrañaga (Santa Rosa), Ariel Rojas (Toay), Facundo Sola (Realicó) y César González (Eduardo Castex), estuvieron entre los jefes comunales. También los ministros que integran el gabinete provincial y el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Bruna. Cuando el cónclave ya había comenzado, llegó Juan Pablo Jorge (uno de los hijos del gobernador).

La ley que Jorge llamó a resistir significa un beneficio económico importante para las comunas, puesto que establece un incremento significativo de las regalías petroleras que perciben. En ese sentido, algunos de los intendentes jorgistas planteaban la necesidad de cerrar filas detrás del gobernador, rechazando cualquier posibilidad de adhesión.

Otros, en cambio, pugnaban por adherir. En este caso, aseguraban que plegarse a la ley era casi una medida inevitable puesto que, independientemente de su origen, la normativa beneficiaba las alicaídas cuentas comunales; en todo caso, sostenían, luego la aplicación de la ley quedaría suspendida por la presentación judicial del gobierno, dejándolos a ellos a salvo de cualquier cuestionamiento.

En esta última línea estaría enrolado el intendente de Macachín, Jorge Cabak (ver Pág. 20). En la primera, el jefe comunal de Santa Rosa, Larrañaga, y el de Monte Nievas, Rubén Alisón (ver Pág. 20).

De acuerdo a la ley, el plazo que tienen los municipios para adherir y acogerse a sus beneficios vence el 8 de febrero. Las comunas que no lo hagan antes de esa fecha y adhieran más tarde comenzarán a percibir el incremento en las regalías el primer día del mes posterior a la adhesión. Es decir, que quienes no adhieran para el viernes de la semana próxima, no podrán cobrar los fondos correspondientes a enero. En ese caso, las partidas correspondientes a esos distritos, serán derivadas a la cuenta de rentas generales de la provincia.

Por ahora, las municipalidades que se plegaron a la ley son las que responden al vernismo, al Frepam y a juntas vecinales. Entre ellas se cuentan Quemú Quemú, General Pico, Bernasconi, San Martín, Puelches, General Acha, 25 de Mayo e Intendente Alvear.

Disyuntivas por los fondos

¿Qué pasa si las comunas no adhieren a la Ley de Coparticipación de Regalías Petroleras? Esta pregunta se la formulan los que decidieron esperar la "cuestión de fondo" del tema (el planteo de inconstitucionalidad de la norma) respondiendo a una directiva emanada de Casa de Gobierno.

El interrogante pasa por la suerte de los fondos definidos por la Ley que tiene vigencia desde el 9 de enero, fecha de su promulgación. Si se adhiere, se cobran a partir del primer mes del año, en el caso contrario ¿se pagarían retroactivamente si se declara la constitucionalidad?.

Desde algunas de las comunas, no vinculadas a "Compromiso Peronista", que se adhieren, también se preguntan por lo que puede pasar si el fallo del Superior Tribunal de Justicia convalida la postura del gobernador Oscar Mario Jorge. ¿Deberán devolver esos fondos?.

Frente a estas disyuntivas, un jefe comunal planteó una fórmula intermedia: "que los fondos sean asignados, pero que queden en una cuenta especial, intocables, a la espera de la decisión judicial, lo que podría demorar dos o tres meses desde la efectiva presentación del planteo por parte del Ejecutivo provincial.

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