"Sólo propongo eliminar la terminalidad de cinco años porque es cuestión de sentido común: si se compartió plenamente la justicia de la sanción de la ley que coparticipa, entre los municipios donde se realizan actividades hidrocarburíferas, el 5% del impuesto al valor agregado de los recursos provenientes de regalías, otorgados por el Gobierno Nacional o Provincial, hoy no se encontraría razonabilidad a una vigencia acotada como fija la Ley 2.393 en su texto original", dijo la diputada oriunda de 25 de Mayo y flamante presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura.

La diputada veinticinqueña dijo que "de esta manera podremos darle a los municipios beneficiados mayores herramientas para planificar a largo plazo, en un marco de previsibilidad y desahogo económico y financiero, la administración de sus cuentas públicas".