Por: Rodrigo Núñez.

La Anses cerró la inscripción al programa de refuerzo alimentario para adultos sin ingresos y poco más de un millón de personas fueron aprobadas para acceder al beneficio. Con las cifras estimadas, la inversión final para financiar la asistencia será menor a los US$ 300 millones, una porción mínima del monto total que significó el ingreso vía dólar soja en septiembre. Finalmente, alrededor de 3.2 millones de personas en condición de indigencia se quedaron afuera del esquema de protección del Gobierno y de momento no parece haber señalas de un nuevo salvavidas económico para los más postergados de la sociedad.

Según pudo saber este medio, aproximadamente 1.020.000 de personas lograron aplicar al beneficio, de los cuales varios ya empezaron a cobrar la primer cuota en noviembre y otros lo harán en un solo pago en diciembre. La exhaustividad del control por parte del Estado demostró el principio de maximización de los recursos en tiempos de disciplina fiscal. Además de la asignación de recursos, el mayor ruido es generado por la exclusión de una amplia porción de la población más pobre del país.

De acuerdo al último relevamiento del Indec para el segundo semestre del 2022, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 27,7%; en ellos reside el 36,5% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 8,8% de las personas. Es decir, 660.494 hogares se encuentran por debajo de la indigencia , lo que representa 2.568.671 de personas indigentes, una cifra mucho mayor a la cantidad de beneficiarios por el refuerzo alimentario. No obstante, si esta proyección se extiende a toda la población, la indigencia alcanza a 3.2 millones de personas.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires fueron reside la mayor cantidad de la población. En esta región, fueron adjudicados más de 350.000 personas y se contabilizan 1.627.509 personas en condición de indigencia.

 

Las personas que aplicaron al ingreso no poseen trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo, no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra) y no deben contar con Obra Social o Prepaga. El ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado el día que se lanzó el Programa de Promoción para exportaciones de soja que se lanzaría un "bono social" con parte de lo recaudado. Cabría preguntarse por qué la medida no pudo absorber las demandas de, por lo menos, el total de los indigentes.

Siguiendo los cálculos que circulan en los pasillos del Palacio de Hacienda, si poco más de un millón de personas cobrará el bono de $ 45.000 pesos, el Estado debería invertir alrededor de US$ 265 millones. Según lo que dio a conocer el ministerio de Economía, tras la finalización de la vigencia del dólar diferencial para productores que se extendió durante septiembre, las ventas alcanzaron los US$ 8.120 millones y permitieron al Banco Central comprar unos US$ 5.000 millones. Así, del total recaudado por el "dólar soja", se invirtió poco más del 5,3% para la protección social.

Hasta los primeros días de noviembre, habían sido aprobadas alrededor de 900.000 personas. Sin embargo, la frecuencia de aprobación se redujo drásticamente durante los días posteriores y esa tendencia se confirmó hasta el final de la inscripción.

En los primeros tres días de apertura del sistema, hubo un promedio de aprobación de 260 mil personas diarias. Pero en los ocho días que sucedieron, el ratio de aprobación descendió a 12.500 aprobados diarios y se ritmo se consolidó de cara al cierre. 

Se consolida el aumento de la indigencia

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó que, con respecto al semestre anterior relevado por el Indec:

En promedio, el ingreso total familiar aumentó un 29,1%.Las canastas regionales promedio aumentaron 33,8% (CBA) y 29,0% (CBT)

Es decir, los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel similar a la CBT, lo que dio lugar a la reducción de la tasa de pobreza; y menos que la CBA, lo que explica el aumento de la tasa de indigencia del conjunto de la población en el promedio del semestre. 

Según el último informe que difundió el Indec, una familia promedio necesitó de casi $ 140.000 para no ser considerada pobre en octubre. El costo de los productos que componen la canasta básica se aceleraron casi 10% y marcó un récord en los últimos seis años.

El incremento más alto de la canasta alimentaria hasta el momento había sido registrado en febrero (9%), en medio del inicio de la guerra desatada en Ucrania. Sin embargo, octubre rompió el récord y fue el peor balance en seis años, lo cual demuestra el daño que genera la crisis inflacionaria que el Gobierno no puede parar. Sobre este punto, a nivel interanual, el ascenso del 100% también fue récord en seis años.