La nueva junta de gobierno del distrito local de la UCR, en su primera resolución, exigió una exhaustiva investigación y el castigo para los autores, cómplices y encubridores de los hechos de corrupción expuestos en los Tribunales por la parlamentaria.

"La denuncia judicial no sólo responde al cumplimiento de inexcusables responsabilidades del mandato popular, sino también al compromiso histórico de velar por la moralidad administrativa, la transparencia y el debido destino de los dinero del pueblo", expresa la resolución adoptada por el órgano partidario, con la firma de José Cano (presidente) y de Juan Roberto Robles (secretario general).

El ex bussista Brito debió renunciar a su cargo al frente de la DAU luego de que LA GACETA publicara que el Tribunal de Cuentas había frenado pagos por sobreprecios de hasta un 128%. Elías de Pérez, además, formuló una denuncia en los tribunales en la que asegura que la Ley 7.960 (faculta a la DAU a evitar el llamado a licitación en obras por hasta $ 150.000), permitió que se produjeran numerosas anomalías en la contratación de obras y bienes públicos.

El orden de autoridades

Además, durante la primera reunión, los flamantes miembros de la junta de gobierno radical eligieron sus autoridades. Al senador Cano lo secundará Raúl Albarracín como vicepresidente primero.

"Recibo con mucho beneplácito el nombramiento de Albarracín, quien resignó su candidatura a presidente de la UCR para sumarse a esta renovación de gente que quiere un partido que vuelva a enamorar al pueblo", expresó el diputado radical Luis Sacca.