En una parte de prensa enviados a APF, el legislador radical, opinó: "Más allá de los importantes y fundados señalamientos críticos respecto a dichos incrementos, las dos leyes sancionadas contienen sendos artículos que trasuntan a nuestro entender una manifiesta y grave violación a principios constitucionales”.

“Ambas normas establecen, una clara delegación de facultades del poder Legislativo hacia el poder Ejecutivo al concederle la autorización para adecuar anualmente los valores e importes para los diferentes tipos de operaciones previstos en la ley impositiva. Así sin más, sin siquiera establecer mínimamente algún parámetro, límite o plazo, la Legislatura ha trasferido facultades indelegables. De convalidarse ello, en este terreno se prescindirá por completo en el futuro,

de las cámaras legislativas y cada vez que fuera necesario o se pretendiera ajustar el monto de impuestos o tasas, el Poder Ejecutivo estará exento de acudir al 'iter' legislativo", explicó Monge.

Luego agregó: "Desde el Siglo XIII comienzan a bosquejarse criterios que culminarán con la elaboración de los principios constitucionales de la imposición, facultad que se reserva exclusivamente al poder Legislativo. Entre dichos principios luce jerarquizadamente el de 'legalidad' que impide la delegación del poder tributario, pues de lo contrario, los representantes directos del pueblo no decidirían, es decir, no prestarían su consentimiento sino que sólo lo harían el Ejecutivo y los ministros con lo cual quedaría vulnerado tanto el postulado de que no hay tributo sin ley como el que no hay tributo sin representación que son la esencia del principio de legalidad”.

Para apuntar enseguida: "En el ámbito del derecho público provincial, dicho principio de legalidad está claramente receptado en los incisos 7° y 11° del artículo 122 del texto magno entrerriano ( Atribuciones del Poder Legislativo), normas estas de carácter imperativo y de organización dirigidas a los órganos públicos e irrenunciables para los encargados de cumplirlas. El inc. 7° prescribe que la Legislatura debe dictar las leyes impositivas 'y a esos fines y efectos establecerá impuestos, tasas y contribuciones cuyo monto fijará' , mientras que el inc. 11° determina que 'las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique, debiendo estas modificaciones hacerse por medio de ley especial'.

A más de ello, imposible soslayar la manda del viejo art. 14° de la constitución del ’33, renumerado ahora como art. 45° que no sólo prohíbe la delegación de facultades constitucionales de un poder a otro, sino que fulmina con nulidad todo lo que un poder obrase a nombre de otro aún con autorización o con cargo de rendirle cuentas, razón por la cual si el Poder Ejecutivo dispusiera aumentar por si mismo los montos de impuesto o tasas, tales incrementos serían nulos", concluyó el diputado de la UCR.