Instituciones del sector rural han manifestado en reuniones con senadores, sus puntos de vista respecto de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 11.273 dispuestas por la Cámara de Diputados. Algunos pueblos del interior viven el momento con gran incertidumbre y piden al Senado ser escuchados antes de darle sanción definitiva.

El proyecto venido de Diputados reforma la ley de fondo en cuanto a las fumigaciones áreas (1.000 metros de los cascos urbanos) y la prohibición de uso de glifosatos en distancias menores a los 500 metros, punto que los productores ven como una amenaza al trabajo cotidiano porque muchos hacen agricultura en predios suburbanos. ¿Desde dónde se tomará la distancia para la no utilización de los agroquímicos?.

“¿Quién se va a hacer cargo de los cientos de productores que vamos a quedar a la deriva si este proyecto tal cual está se convierte en ley? Seamos realistas vamos a ser muchos los que podríamos quedar al costado del camino. ¿Quién se hará responsable de la falta de ingresos que nos va a llevar a la quiebra y nos dejará en la calle?”, apuntó con preocupación el productor y dirigente de Federación Agraria, Diego Sara.

La consternación de Sara se multiplica por los miles de productores que se verán afectados y deberán dejar de producir, con las consecuencias sociales que traería la aprobación de la norma. “Esta situación llevará a una menor venta de insumos —semillas, agroquímicos, combustible, fertilizantes—, menos actividades en los acopios, menos trabajo para los contratistas, se va a lograr una merma en la industria metalmecánica, y las economías regionales sufrirán. Nunca llegaríamos a 150 millones de toneladas”, manifestó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, quien solicita que el Senado prevea la participación en la norma de las comunas y de los profesionales de la ingeniería agronómica, que son los que certifican el producto a aplicar y determinan su oportunidad de acuerdo con los vientos.

El senador justicialista Rubén Pirola graficó la situación. “Los que vivimos en localidades pequeñas que se sostienen de la producción, observamos que si la ley avanza tal cual llegó el proyecto de Diputados, nos vamos a encontrar con pueblos que van a perder su actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería o tambo. Como el de la salud, éste no es un tema menor”.

Raúl Walker, de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, explicó que nos es fácil de evaluar la cantidad de hectáreas perjudicadas. El profesional pone el ejemplo que “en el centro del departamento Las Colonias, cada 500 metros tendríamos 200 a 300 hectáreas que pasarían a ser improductivas y si lo llevamos a 1.000 metros estaríamos en las 600 hectáreas promedio. Es un poco incongruente todo este tema”.

Puntos de vista

El polémico proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, fue girado a distintas comisiones del Senado a fin de analizar dos aspectos centrales: las distancias y tipo de productos.

Walker aseguró que las inquietudes fueron planteadas a los senadores, en las que se dijo que “si bien la ley necesita un cambio, hay cuestiones aprobadas en Diputados que no aportan soluciones sino que complican más las cosas. El artículo 36 indica que esos espacios que dejarían de ser productivos, pasarían a destinarse a huertas de autoconsumo o centros recreativos. Estamos ante una contradicción ya que otra parte de la norma establece que debe alejarse a tanto metros, pero si allí ponemos centros recreativos en realidad la distancia pasaría a ser de 1.000 y no de 500 metros”, dijo el profesional.

El senador Pirola en tanto explicó que en función de este tema, los legisladores del PJ se están asesorando técnicamente. “Estamos escuchando todas las opiniones para así poder definir con exactitud y criterio teniendo en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo con las distancias. Este tema debe regularlo la provincia en su conjunto y, en ese marco, el objetivo de los senadores del PJ es trabajar en una ley que atienda todas las cuestiones, para que luego no se las deba resolver en tribunales”.

Por su parte, Sara manifestó que desde Federación Agraria y el resto de las entidades no están en contra de la ley, pero se deberían revisar varios puntos. “Si se aprueba como está se perderán muchas fuentes de trabajo, los metros no solucionan nada, lo mejor es un uso responsable de las aplicaciones. Esta discusión debe ser más amplia y debe reinar el sentido común, además deberíamos tener en cuenta lo que hacen los países desarrollados, el buen uso de los fitosanitarios es fundamental”.