La comisión especial integrada por los poderes del Estado que redactó un anteproyecto de reforma al Código Penal en Neuquén entregó este lunes su trabajo a los diputados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y con ello se abrió el proceso legislativo para eventualmente aprobar un cambio que será trascendente pues modernizará todas las herramientas con las que cuenta la Justicia para los procesos penales.

La reforma incluye aspectos relevantes, como por ejemplo separar a los jueces de la etapa de instrucción en las causas, para hacer descansar ese trabajo en manos de los fiscales; o incluir el juicio por jurados, para determinados casos judiciales.

En la reunión realizada este lunes en la Legislatura estuvieron presentes diputados de la comisión, representantes del poder Ejecutivo y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lelia Graciela Martínez de Corvalán.

Al destacar el avance que implica la reforma, José Russo, jefe del bloque del MPN, explicó que el nuevo código es “una herramienta moderna” que permite tener “una justicia al alcance del ciudadano común”.

Remarcó que se trabajó durante tres años con “absoluta honestidad intelectual” y adelantó que “ahora comienza una etapa legislativa, más política para darle sustento al contenido técnico”.

Russo reconoció el aporte de la Justicia y recordó que el anteproyecto tiene el aval todos los poderes del Estado. En ese sentido, agregó que uno de los pilares del trabajo fue el consenso sobre ejes temáticos y que el “documento no tiene autor”. De esa manera –expuso- no se repitió el desgaste que tuvieron otras jurisdicciones al evitar ataques por personalismos. También informó que el último código tiene 25 años y el que el que se presentó hoy pretende la misma vigencia.

Al inicio de la reunión, Carla Pandolfi, coordinadora de la comisión interpoderes, dio precisiones sobre el trabajo técnico. Recordó que hubo una primera etapa más técnica y luego un segundo momento durante el cual se incorporó al análisis temas de “decisión política”.

Observó que la implementación del nuevo código permite pasar de un “sistema inquisitivo reformado a uno acusatorio” que introduce una división de funciones al separar la investigación de la función de juzgar, que hoy realiza en simultáneo el juez de instrucción.

También consideró como un aporte significativo la inclusión de la “oralidad” en todas las etapas del proceso, instancia que permite que se acorten los plazos procesales y que la gente pueda seguir y entender el proceso mientras dure.

Resaltó la incorporación de derechos para las víctimas, atribuciones que a la fecha sólo se obtienen al presentarse como querellante particular. Aclaró que la reforma otorga a las víctimas el derecho a estar informados durante todo el proceso, a tener una custodia y a ser consultados previo a la culminación o suspensión del proceso judicial.

A la vez, se refirió a la implementación de juicio por jurado como instancia aplicable a casos de “trascendencia social” y a la incorporación de un apartado para tratar conflictos de pueblos indígenas que afecten bienes jurídicos o personales de sus miembros.